Extensión del sistema de adaptaciones al sistema judicial por crisis sanitaria pasó a segundo trámite
La iniciativa, despachada por la Sala de la Cámara, ampliaría hasta el 30 de noviembre las adecuaciones vigentes a los procesos judiciales.
Dar continuidad a las adaptaciones del sistema de justicia frente a la crisis sanitaria (boletín 14590) es el objetivo del proyecto aprobado por amplia mayoría en la Sala.
El mensaje, analizado previamente en la Comisión de Constitución, prorroga la Ley 21.226, que estableció un régimen jurídico de excepción para los procesos judiciales.
El ministro de Justicia, Hernán Larraín, explicó que la norma actual termina con el fin del estado de excepción constitucional, el próximo 30 de septiembre. Frente a esto, a través del proyecto, se solicitó una prórroga por 60 días.
Explicó que, a esa fecha, debería estar vigente el proyecto que regulará el sistema de justicia tras el estado de catástrofe (boletines 13752 y 13651). Esta iniciativa, que se debate en segundo trámite en la Comisión de Constitución, regula de manera más amplia los ajustes necesarios.
Modificaciones
Para avanzar en la adecuación del sistema judicial, la propuesta despachada al Senado deroga la suspensión de los términos probatorios en materia civil. Junto a esto, incorpora un nuevo artículo que regula la forma en que se retomarán.
De acuerdo a lo informado en la Sala por el diputado Luciano Cruz-Coke (Evópoli), los términos probatorios suspendidos se reanudarán a petición de parte. Esto será desde la fecha en que se notifique la resolución que acoja la solicitud.
El tribunal, considerando el número de testigos y el de los puntos de prueba, señalará una o más audiencias para su examen.
Agrega que, para las contiendas civiles paralizadas por seis meses o más sin resolución, no será exigible una notificación por cédula para su reanudación (establecido en el artículo 52 del Código de Procedimiento Civil). Lo anterior, sin perjuicio de las facultades de los tribunales de ordenar otras formas de notificación.
Finalmente, para efectos de solicitar el abandono del procedimiento, no se contabilizará el tiempo en que el juicio estuvo paralizado por la norma vigente o cualquiera otra causal producto de la pandemia.
En el debate del proyecto participó el diputado Leonardo Soto (PS), quien reconoció la necesidad de la propuesta que se encuentra con urgencia calificada de discusión inmediata y que debe despacharse del Congreso, antes que termine el mes.