Sala despachó a ley proyecto de redefine el delito de incendio
Con el respaldo de la Sala al veto presidencial que contiene dos modificaciones a la iniciativa, referidas a los artículos de incendio de lugares con personas en su interior, pero sin resultado de muerte y a la introducción de una norma transitoria, la iniciativa, conocida como “Ley Juan Barrios”, quedó en posibilidad de pasar a fase de promulgación.
La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados analizó y votó el veto aditivo del Presidente de la República al proyecto que modifica el Código Penal en lo relativo al delito de incendio (boletines 13716 y 13719).
Cabe recordar, que el Senado aprobó el informe de comisión mixta relativo a esta iniciativa, mientras que la Cámara lo rechazó. En tal plano, restó como alternativa, para dar continuidad al trámite, la reposición de la propuesta por la vía del veto presidencial.
El Senado ya respaldó las observaciones del Presidente de la República. Hoy, el texto también fue ratificado por la Cámara. Con ello, el proyecto quedó en condiciones de pasar a fase de promulgación.
El diputado informante de la Comisión de Constitución, Miguel Mellado (RN), indicó que solo dos de las tres figuras calificadas de incendio fueron modificadas. Explicó que, en el tercer trámite, se aprobó el catálogo de lugares en el delito de incendio en lugar habitado, pero sin resultado de muerte, pero sin la pena asociada.
Dicha situación se trató de resolver en que la comisión mixta, pero que, como se indicó, no logró apoyo en la Cámara. Ante ello, la propuesta actual vuelve sobre lo aprobado por ambas Cámaras para la descripción de bienes, lugares e instalaciones sobre las cuales puede recaer el delito de incendio. Sin embargo, se mantiene la proporcionalidad entre las penas actualmente vigentes.
Detalle del veto
La propuesta considera un nuevo texto para el delito de incendio en un lugar habitado sin resultado de muerte. Se castigará con presidio mayor en su grado medio (desde 10 años) a presidio perpetuo para quien incendie un lugar donde haya una o más personas y su presencia se pudiese prever.
En este ámbito se consideran: edificios, aeronaves, buques, plataformas navales, vehículos de transporte público de pasajeros, automóviles de dos o más plazas, y camiones. También, instalaciones de servicios sanitarios, de almacenamiento o transporte de combustibles, de distribución o generación de energía eléctrica, portuaria, aeronáutica o ferroviaria. Asimismo, incluye las instalaciones de trenes subterráneos u otro lugar, medio de transporte o bien semejante.
Dicha norma contó con 96 votos a favor, 4 en contra y 16 abstenciones.
La segunda observación agrega un artículo con una regulación de derecho intertemporal respecto a la aplicación de la ley en virtud de los principios penales de la normativa vigente y la ley más favorable para el imputado. La norma fue aprobada por 91 votos a favor, 4 en contra y 22 abstenciones.
Fundamento de la iniciativa
El objetivo del proyecto era adecuar los tipos penales de incendio establecidos en el Código Penal. La idea, era mejorar su redacción a la realidad actual, asegurar su aplicación y evitar problemas en su interpretación.
Ello, en atención al incremento, en los últimos años, de los ataques incendiarios, particularmente, a vehículos motorizados, con o sin personas en su interior. De igual modo, apunta a acciones que colocan en riesgo la vida de las personas y su seguridad física y psicológica y que vulneran la propiedad ajena y generan perjuicios económicos.
Dichos hechos ocurren, principalmente, en las carreteras, donde los pasajeros de vehículos son obligados a descender y, luego, los móviles son quemados; o bien, son quemas que se producen en la noche, cuando los vehículos están estacionados.
Ejemplo de ello es lo ocurrido en febrero de 2020 con el trasportista Juan Barrios, en las cercanías de Victoria, que se encontraba durmiendo en su camión cuando sufrió el ataque incendiario y falleció días después producto de graves quemaduras.
Debate
En este análisis intervinieron los RN Diego Schalper, Miguel Mellado, Jorge Rathgeb, Bernardo Berger y Sebastián Torrealba; DC Matías Walker; Evópoli Andrés Molina y Luciano Cruz-Coke; PPD Ricardo Celis; PS Marcos Ilabaca y Leonardo Soto; UDI Sergio Bobadilla; independiente Marcelo Díaz; y PCS Diego Ibáñez.
Todos respaldaron que se debe proteger la vida y la seguridad física de las personas. Además, apoyaron que se castigue con fuerza el delito de incendio, principalmente a camiones, que ha aumentado significativamente en la macrozona sur.
Igualmente, lamentaron la ineficacia de la persecución penal tanto de las policías y del Ministerio Público para encontrar a los responsables de estos delitos.
Sin embargo, hubo divergencias. Algunos parlamentarios de oposición consideraron excesiva la pena para el incendio en lugar no habitado sin resultado de muerte. Estimaron que el piso parte más arriba que el delito de homicidio.
Al respecto, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, explicó que el veto repone la pena del artículo 475, eliminada anteriormente. Es decir, el incendio cometido en lugar habitado, donde se puede prever la presencia de personas.