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Nueva ley promueve la integración social y urbana

El proyecto, despachado por la Cámara en tercer trámite, otorga nuevas facultades al Ministerio de la Vivienda, en materia de planificación de las ciudades.

Ministro Ward y subsecretario

Mejorar los niveles de integración social y urbana de las ciudades y lograr un adecuado desarrollo de ellas a lo largo del país son parte de los objetivos del proyecto (boletín 12288) despachado por la Sala de la Cámara y que quedó en condiciones de pasar al Ejecutivo para su promulgación como ley.

La propuesta promueve el aumento de la construcción de viviendas sociales con integración social. Ello, a través de una densificación equilibrada en zonas con potencial de desarrollo urbano. Conjuntamente, moderniza la gestión del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, para lo cual se emprenden diversas modificaciones a su normativa (Ley 16.391).

La iniciativa se analizó conforme a las modificaciones realizadas por el Senado, las cuales se aprobaron en su conjunto, aprobándose gran parte de ellas por unanimidad.

Entre las enmiendas está la eliminación de dos normas que encabezaban el texto de la Cámara. Ellas definían un nuevo título para la citada cartera: Ministerio de Ciudad, Vivienda y Territorio. Sin embargo, el Senado prefirió mantener la denominación en los actuales términos.

Asimismo, se modificó la redacción de algunas de las nuevas facultades de la cartera ministerial, junto con la introducción de otras consideraciones. En este marco, por ejemplo, se especifica que una sus funciones es la de implementar políticas y programas habitacionales destinadas a enfrentar el déficit en vivienda y desarrollo urbano de las familias más vulnerables y que promuevan, de forma idónea, la integración e inclusión social y urbana.

Asimismo, se detalla que dicha acción pasa por fomentar el emplazamiento de viviendas con óptimos estándares constructivos de calidad.

También se hacen referencias a la concreción de políticas de suelo. Junto a ello, se llama a resguardar que los instrumentos de planificación territorial contemplen criterios de integración social y urbana.

Nuevas exigencias y uso equitativo

Sala

La propuesta establece exigencias para los nuevos planes reguladores o aquellos que sean modificados. Se exige la condición de contemplar normas urbanísticas que resguarden la construcción o habilitación de viviendas para beneficiarios de programas habitacionales del Estado.

En tal contexto, se define lo que se entenderá por “viviendas de interés público”. Adicionalmente, promueve acciones para un acceso equitativo de la población a bienes públicos urbanos (por ejemplo, cercanía a áreas verdes y al transporte público). Además, insta a la participación de la comunidad en la incorporación de normas de resguardo o de incentivo en los planos reguladores.

Por otra parte, se incorporan disposiciones relativas a establecer mecanismos de seguimiento y reporte sobre las acciones para enfrentar el déficit habitacional. En la misma línea, para resguardar o promover la integración social y urbana.

Paralelamente, se fomenta el uso eficiente y equitativo de la infraestructura pública. También se incluyen consideraciones para que centros de adultos mayores, establecimientos deportivos barriales y jardines infantiles se entiendan como complementarios a cualquier destino del uso residencial.

Barrios de viviendas sociales segregados

El proyecto introduce un nuevo capítulo relativo a la regeneración de barrios o conjuntos habitacionales de viviendas sociales altamente segregados o deteriorados.

En este marco se determina que la regeneración de estos barrios requiere la aprobación de una estrategia de intervención. Este plan estará compuesto por acciones y obras tendientes a dar respuesta a las problemáticas diagnosticadas en tales casos.

Para lo anterior, el texto especifica las características de esta herramienta de gestión pública, sus alcances y procedimientos.

Por último, entre otras normas, regula materias como las Zonas Típicas o de Conservación Histórica; incentivos para el desarrollo de proyectos de viviendas de interés público; norma, hasta el 2025, la gestión de suelo para la integración social y urbana; y constituye el Plan de Emergencia Habitacional. Este último considerará la demanda habitacional y el déficit existente en cada región y comuna. Se enfocará, especialmente, en las familias prioritarias ubicadas en el tramo del 40% más vulnerable de la población.

Debate

Testera

En la discusión de este proyecto participaron las/os RN Ximena Ossandón, Francisco Eguiguren y Sebastián Torrealba; UDI Cristhian Moreira, Osvaldo Urrutia y Juan Fuenzalida; DC Jorge Sabag e Iván Flores; Evópoli Pablo Kast; FRVS Alejandra Sepúlveda; e independientes Pedro Velásquez y René Alinco. Por el Ejecutivo expuso el ministro de Vivienda, Felipe Ward.

En general, las y los exponentes resaltaron las ventajas de esta iniciativa. Relevaron las nuevas herramientas entregadas al Ministerio de Vivienda, particularmente, para reducir los tiempos para concretar los proyectos de los comités de viviendas.

También se valoró el avanzar en la integración social y en la gestión de suelo. Igualmente, el esfuerzo que se consagra al promover un Plan de Emergencia Habitacional, para reducir el déficit existente.