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Comisión investigadora sobre abusos a menores aprobó su informe de conclusiones y propuestas

La instancia aprobó, por unanimidad, el informe que será entregado a la Sala por la diputada Maite Orsini. El texto resalta que las situaciones de abuso y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes bajo protección del Estado no han sido aisladas ni nuevas, sino, más bien, reiteradas y de larga data en el sistema.

Comisión investigadora

La votación de sus conclusiones y proposiciones realizó el grupo parlamentario encargado de indagar sobre las situaciones de abuso y redes de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes (NNA) bajo protección del Estado (CEI 67).

Luego de las audiencias y el trabajo desarrollado, la comisión logró un consenso amplio respecto a las falencias detectadas. Se incluyeron tanto conclusiones y recomendaciones de parlamentarios de oposición y del oficialismo, las que fueron respaldadas en forma unánime (6 votos).

El informe reconoce que NNA pertenecientes a residencias de protección sufrieron diversas vulneraciones. En tal plano, se constata incapacidad estatal en materia de restitución de derechos.

En la misma línea, concluye que en los Tribunales de Familia no ha existido seguimiento exhaustivo de las causas más graves que involucrarían a NNA, incluso con riesgo vital.

A nivel de reparación, reconoce la falta de cobertura, por parte del programa MiAbogado. Esto se evidenció en la forma de abordar los abandonos de las residencias.

Otras conclusiones 

El informe sostiene que las situaciones de abuso y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes bajo protección del Estado no han sido aisladas. Tampoco son nuevas, sino, más bien, reiteradas y de larga data en el sistema.

De este modo, concluye que uno de los principales hallazgos es la falta de políticas y programas o acciones de prevención de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA). Ellas deberían estar destinadas tanto para el conjunto de la población, como para los grupos de mayor riesgo.

Además, constata que en las residencias no cuentan con las orientaciones técnicas, personal, programas especializados y el trabajo en red para abordar esta problemática. Ante ello, detalla que no existe coordinación ni priorización entre los actores institucionales para accionar cuando las víctimas han sido capturadas por las redes.

Asimismo, comprueba que existen patrones de funcionamiento similares en las redes de explotación sexual comercial en residencias. Destaca que estas se orientan, principalmente, a niñas y mujeres adolescentes con abandono reiterado del centro.

Agrega que existe problemas de enfoque en los Programas de Explotación Sexual (PEE) y de oferta programática para abordar la ESCNNA. La razón, se acota, es que su cantidad se ha mantenido estable en los últimos diez años. También, porque existe desigualdad entre regiones y no se cuenta con evaluaciones respecto de sus resultados.

En la misma línea, se observó la diferencia de roles entre instituciones garantes de derechos y las que tienen un rol de fiscalización.

Ministerio Público

La comisión informó que durante todo su funcionamiento y de otras comisiones relacionadas, el Ministerio Público no aceptó participar.

“El Sistema de Apoyo a los Fiscales (SAF), fuente primaria de datos del Ministerio Público, no permite obtener un registro específico que dé cuenta de si la víctima se encontraba bajo la protección del Estado al momento de su victimización”, se resaltó en el informe, dando cuenta de la respuesta de la institución.

Frente a esto, plantea que el rol de esta institución es clave en la eliminación de las redes de ESCNNA. Así, se lamenta la falta de colaboración con el trabajo de esta instancia fiscalizadora. Igualmente, se estima que es un llamado de alerta respecto de la importancia de revisar la rendición de cuentas y la transparencia dentro del Ministerio Público.

Recomendaciones

En materia de propuestas, las/os legisladoras/es plantean comprender que la ESCNNA es un fenómeno altamente complejo, multicausal, asociado a factores económicos, sociales y culturales, reflejo de la estructura patriarcal y adultocéntrica de la sociedad.

Otras recomendaciones del informe, que será entregado a la Sala por la diputada Maite Orsini (RD), son:

  • Avanzar en intersectorialidad en todos sus niveles, desarrollando un lenguaje común para el análisis y abordaje del fenómeno del ESCNNA.
  • Construir un trabajo colaborativo e intersectorial para la erradicación de la violencia sexual en el sistema residencial de cuidado alternativo.
  • Diseñar un programa de “alerta temprana” y trabajo permanente con las redes locales.
  • Acelerar la aprobación del proyecto de ley que elimina el concepto de prostitución infantil.
  • Establece que Mejor Niñez debe generar las condiciones que garanticen efectivamente el ejercicio de los niños, niñas y adolescentes de su derecho a ser oídos y a denunciar los hechos de abuso sexual.
  • Indica que el Poder Judicial, en conjunto con otras instituciones del Estado, debe promover la existencia de espacios de información para NNA víctimas de explotación sexual y otros tipos de delitos sexuales.
  • Solicita Autonomía para el Programa Mi Abogado.