Humedales urbanos: comisión analiza facilitar la participación directa para solicitar su declaratoria
La Comisión de Medio Ambiente recibió a la ministra de esta cartera, Maisa Rojas, con el fin de conocer cómo ha sido el proceso de implementación de la ley de protección de humedales urbanos y los alcances del proyecto que incluye mecanismos de participación.
La Comisión de Medio Ambiente analiza el proyecto que modifica la ley que protege los humedales urbanos. Su fin es agregar mecanismos de participación directa en las solicitudes de reconocimiento de la calidad de humedal urbano. (boletín 14619)
En concreto, el texto legal agrega que la solicitud de declaración pueda ser realizada por dos organizaciones ciudadanas. También establece que puede efectuarse por 25 personas naturales o por una organización sin fines de lucro. Esta deberá estar dedicada a: la protección y defensa del medioambiente; la sustentabilidad de los bienes hídricos; o a la protección de los humedales.
Adicionalmente, se busca disminuir el plazo que tiene el Ministerio del Medio Ambiente para pronunciarse sobre las solicitudes que se le realizan. Así, la idea es bajarlo de 6 a 3 meses.
Ministerio de Medio Ambiente
Para este debate estuvo, entre otros invitados, la ministra de Medioambiente, Maisa Rojas. Señaló que los ciudadanos siempre han podido solicitar a la administración con base en el derecho que hay en la Constitución.
“El reconocimiento explícito de que la ciudadanía pueda solicitar la declaración de un humedal urbano, que busca incorporar este proyecto de ley, es expresivo de este derecho de petición, siempre presente en nuestro país”, detalló.
En este sentido, resaltó que “la norma va en la línea del impulso que desde el Gobierno y, especialmente, del Ministerio de Medio Ambiente se le da a la participación ciudadana ambiental con su primera señal de presentar el proyecto de ley de adhesión al Acuerdo de Escazú”.
Precisó que las peticiones “deben ser lo suficientemente claras y consistentes para que existan opciones reales de incidir en las decisiones de la administración. De otro modo, advirtió, existe riesgo de recibir numerosas solicitudes, pero que no se logren estudiar. Ello redundaría en una frustración de expectativas para los solicitantes y la pérdida de la eficacia administrativa.