Bancos e instituciones financieras tendrán que informar sobre saldos y abonos de sus clientes al SII
La propuesta, enviada ahora al Senado, busca dotar al Estado de mayores herramientas para el combate contra la elusión y evasión tributaria y, así, aumentar la recaudación tributaria y prevenir y combatir los delitos de lavado de dinero y aquellos vinculados al crimen organizado.
A tercer trámite se remitió el proyecto (boletín 14111) que modifica el Código Tributario, obligando a bancos y otras instituciones financieras a entregar información sobre saldos y sumas de abonos en cuentas financieras al Servicio de Impuestos Internos. Ello, luego que la Sala de la Cámara ratificara el texto planteado por la Comisión de Hacienda, rendido por el diputado Carlos Bianchi (IND).
En general, el texto obtuvo 73 votos a favor, 65 en contra y 6 abstenciones. Luego, en particular, se rechazaron dos indicaciones renovadas y se ratificaron los artículos pertinentes como venían propuestos desde la citada comisión.
El objetivo de la propuesta es dotar al Estado de mayores herramientas para el combate contra la elusión y evasión tributaria. De este modo, se espera aumentar la recaudación tributaria y prevenir y combatir los delitos de lavado de dinero y aquellos vinculados al crimen organizado.
Así, esta reforma al Código Tributario pasa, primero, por enmendar una norma ya vigente relativa a la entrega de información sobre determinadas inversiones. En particular, este cuerpo refiere a disposiciones que regulan la información a entregarse respecto de inversiones en el extranjero y en Chile. También especifica tipos de operaciones o de sujetos obligados a informar anualmente al SII en este marco.
Información de saldos
La iniciativa también agrega un nuevo artículo que establece la obligación específica para bancos e instituciones financieras de entregar información al SII. Los datos corresponderán a saldos y abonos mensuales del año calendario inmediatamente anterior. Esto, en la medida que registren un movimiento diario, semanal o mensual, igual o superior a 1.500UF.
Lo anterior, será sin atender al número de titulares a que pertenezcan. Tampoco sin que con ello se busque modificar los derechos que genera el secreto bancario ni acceder al detalle de los movimientos de las cuentas financieras.
Paralelamente, se regula lo relativo a las instituciones financieras obligadas a reportar. Junto a esto, las cuentas financieras objeto de reporte; la identificación de las cuentas financieras y del titular o titulares, controladores o beneficiarios finales. Asimismo, respecto del periodo de entrega de la información; la moneda a informar; las obligaciones del Servicio; y las sanciones.
Finalmente, se dispone la entrada en vigencia de la obligación de informar recién indicada. Esta será a partir del tercer mes siguiente a la fecha de la publicación de la ley en el Diario Oficial.
Debate
En la discusión de este proyecto hubo un sentir general favorable en pro de combatir la elusión y evasión tributaria. Sin embargo, no hubo consenso respecto de las normas específicas de la propuesta legal.
Quien apoyaron el proyecto mencionaron que la evasión y elusión representan recursos por cerca de un 4,5% del PIB. Además, recalcaron que Chile es uno de los seis países de la OCDE que aún exige una orden judicial para estas materias. Asimismo, informaron que las disposiciones permiten detectar, por ejemplo, temas como ingresos no declarados y pagos sospechosos.
También se destacó que las investigaciones solo se harán por saldos y no movimientos de cuenta, por montos cercanos a los $47 millones. Junto a ello, se valoró que existen normas para la reserva de la información y sanciones para los infractores.
En esta línea expusieron la ministra de Hacienda (S), Claudia Sanhueza, y la/os diputada/os Boris Barrera (PC), Alberto Undurraga (DC), Jorge Brito (RD), Jaime Naranjo (PS), Mercedes Bulnes (IND), Leonardo Soto (PS), Tomás Hirsch (IND), Jaime Sáez (RD) y Tomás De Rementería (IND).
Otra perspectiva criticó el tenor de las normas impulsadas y varias intervenciones anunciaron reserva de constitucionalidad. A su juicio, se vulneran derechos como el debido proceso y la privacidad, así como el secreto bancario.
Se remarcó que se entregarían informaciones bancarias a un servicio administrativo concernientes a contribuyentes que no tienen conocimiento sobre la medida y que no entregaron su consentimiento para que ello se concrete. Tampoco mediaría una acción judicial, que resguardara este actuar.
Por esta postura intervinieron los diputados Miguel Mellado (RN), Agustín Romero (PREP), Jorge Alessandri (UDI), Cristhian Moreira (UDI), Bernardo Berger (IND), Johannes Kaiser (IND), Jorge Rathgeb (RN), Juan Fuenzalida (UDI), José Carlos Meza (PREP), Henry Leal (UDI), Mauricio Ojeda (IND), Luis Sánchez (PREP), Cristián Araya (PREP), Juan Antonio Coloma (UDI), Enrique Lee (PRI), Stephan Schubert (IND), Diego Schalper (RN), Gonzalo De la Carrera (PREP), Christian Matheson (IND), Gustavo Benavente (UDI), Benjamín Moreno (PREP) y Leonidas Romero (IND).