Desde críticas a un apoyo cerrado se constataron en amplio debate de la Sala por el salario mínimo
Mas allá de las diferencias marcadas por las desconfianzas de los partidos de oposición y la importancia del acuerdo alcanzado con los gremios que fue resaltada por los partidos de gobierno primó el ánimo de avanzar y generar políticas públicas que beneficien a trabajadores/as y las pymes que representan el motor de la economía.
El proyecto (boletín 14936) iniciado en un mensaje del Ejecutivo que reajusta el monto del ingreso mínimo y otorga otros beneficios pasó su primera prueba. Sin embargo, el análisis de la Sala dejó claro que las necesidades de trabajadores y trabajadoras no se aminora con esta iniciativa.
En la jornada, se remarcó que la propuesta va por la línea correcta. Sin embargo, la transversalidad parlamentaria apuntó a generar políticas públicas que beneficie a trabajadoras y trabajadores. Ello, sin dejar de lado a las mipymes, que representan el motor de la economía.
A favor:
Jaime Naranjo (PS) sostuvo que estamos frente a una mejora importante para los trabajadores. Además, destacó que se han adoptado medidas para ayudar a las pymes, considerando el actual escenario. En cuanto al subsidio y asignación familiar, dijo que no es un bono a una canasta. Explicó que un incremento significativo de los recursos que va a las familias más modestas.
Por su parte, Luis Alberto Cuello (PC) valoró el aumento y los beneficios que ofrece el texto legal. Aseguró que no hay un bono, como se ha señalado desde la oposición. Puntualizó que este debate invita a analizar materias como la reforma tributaria y el impuesto a los super ricos.
Asimismo, recalcó que el proyecto es el resultado de un acuerdo entre los principales actores laborales. Igualmente, subrayó que se hace responsable de lo que hoy ocurre en el país.
Para Alberto Undurraga (DC), la norma marcará una pauta a futuro para el ingreso mínimo. Y consideró que este debate debe ir acompañado de un apoyo hacia las pymes.
Si bien respaldó la medida y sus beneficios, manifestó su inquietud respecto del “aporte o bono compensatorio, por el mayor precio de la canasta familiar”. Explicó que hay dudas con la cobertura, por contradicciones con las cifras del Gobierno. Sin embargo, alertó que se incluyeron normas de información que permitirán conocer el verdadero alcance del subsidio.
PCS, RD e independientes
Gael Yeomans (PCS) dijo que “se está casi triplicando lo que se hizo en todo el periodo anterior”, respecto a la asignación familiar. Ante las críticas, defendió la propuesta. Consideró “injusto que los parlamentarios que hoy son de oposición y antes oficialistas digan qué es un reajuste miserable”.
Jorge Brito (RD) sostuvo que el sueldo de trabajadores y trabajadoras no alcanza para vivir. Observó que deben endeudarse para llegar a fin de mes. Asimismo, puntualizó que el debate del salario mínimo es la instancia en la que el país conversa sobre la distribución de la riqueza .
Por su parte, Andrés Giordano (IND) comentó que este reajuste es el mayor del que tengamos recuerdo. Es muy relevante, subrayó, no solo porque se acordó con la central más representativa de trabajadores, sino porque, de aprobarse este proyecto, el sueldo se habrá ajustado inéditamente en $63,000 pesos.
El legislador detalló que, lo anterior, es el piso mínimo al que debemos aspirar en los próximos tres años, si se quiere construir una política salarial con un criterio objetivo de suficiencia y que permita a las familias promedio superar la línea de la pobreza.
Observaciones y rechazo
Gaspar Rivas (PDG) mostró su descontento con la norma, calificándola como “una porquería”. Sostuvo que esta alza no ayudará a la gente, porque el aumento de precios hará que ese dinero pasé del bolsillo de los trabajadores al bolsillo de los empresarios.
Entre otras medidas, dijo que parte importante de la solución, frente al actual escenario, es fijar los precios de los productos y desafió a empresarios, derecha e izquierda, expertos económicos y al Gobierno, a “perder el miedo a los dioses intocables que son el mercado y el capital”.
Jorge Guzmán (Evópoli) planteó que en este tema siempre se llega a una disyuntiva, ya que “todos queremos elevarlos a un nivel suficiente para la vida de las familias, pero se debe lograr sin afectar el desarrollo del empleo”.
En su análisis, remarcó que de nada sirve el aumento si se dinamitan los puestos de trabajo. En este punto, manifestó que el proyecto se queda corto y no ofrece alternativas a esta afectación. Desde su punto de vista, se debe avanzar en el ingreso mínimo garantizado.
Viviana Delgado (PEV) reconoció que el incremento es el más importante de los últimos años. Empero, recalcó que “no estamos para esfuerzos mínimos, para eso ya tuvimos 30 años”.
La legisladora dijo que “el dinero cunde poco para la gente”, por lo que puntualizó que ningún cargo político debiese recibir mas de 10 veces el salario mínimo. Nadie que llegue al Gobierno por un partido o cargo de confianza deber ganar más de tres veces el sueldo de un profesor con 20 años de experiencia, expresó.
UDI, RN y PREP
Henry Leal (UDI) compartió la idea matriz de la norma, en aras de aumentar el salario mínimo, por lo que anuncio su voto favorable. No obstante, señaló que el aumento que es de toda justicia “ya se lo comió la inflación”.
En este sentido, mostró su rechazo al aporte complementario para solventar el aumento de la canasta básica. Afirmó que “la suma es irrisoria y baja”, por lo que “no ayudará a compensar los altos precios”.
En tanto, Miguel Mellado (RN) planteó que las pymes no dan abasto, luego del estallido y la pandemia. Al respecto, subrayó que apoya el alza del ingreso mínimo, pero no está por hacer quebrar este tipo de empresas.
Anunció que se abstendría con su voto, considerando que se trata de algo mezquino que debe ser mejorado en el tercer trámite.
José Carlos Meza (PREP) lamentó un debate que consideró a la rápida. A su juicio, la norma tiene muchas trampas, ya que muchos trabajadores se ilusionarán y no verán reflejado este aumento en sus billeteras.
El legislador emplazó al Gobierno y señaló que el reajuste implica que, “cómo no se ha tocado la norma del ingreso mínimo garantizado, se va a generar que lo se compensa por un lado se reduzca por otro”.
Participaron también del debate Jaime Sáez (RD), Jaime Mulet (FRVS), Cristián Tapia (IND), Héctor Barría (DC), Mercedes Bulnes (IND), Johannes Kaiser (IND), Daniel Manouchehri (PS), Bernardo Berger (IND), Fernando Bórquez (UDI), Héctor Ulloa (IND), Ana María Gazmuri (IND), Carlos Bianchi (IND) Leonardo Soto (PS), Joanna Pérez (DC), Cristian Labbe (UDI), Andrés Jouannet (IND), María Francisca Bello (PCS), Boris Barrera (PC), Andrés Longton (RN), Juan Santana (PS), Jorge Brito (RD), Gonzalo De la Carrera (PREP), Lorena Pizarro (PC), Sofía Cid (RN), Marta González (IND), Gustavo Benavente (UDI), Carolina Tello (PC), Juan Carlos Beltrán (RN) y Consuelo Veloso (RD).
Ejecutivo
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó los alcances técnicos de la norma. Detalló que, al presentar este proyecto, se cumple con un compromiso muy claro del Gobierno. Al respecto, explicó que se busca incrementar el ingreso mínimo hasta $ 500.000 en el curso de esta administración.
La ministra del Trabajo, Jeannette Vega, destacó el proceso, sobre la base de un diálogo con las organizaciones sindicales. En tanto, el ministro de Economía, Nicolás Grau, resaltó las indicaciones en relación a subsidios a las mipymes que se presentaron.
Finalmente, el ministro de la Secretaria General de la Presidencia, Giorgio Jackson, manifestó que es importante el proceso de conversación. También avaló la negociación y el acuerdo alcanzado.