Proyecto propone otorgar descanso reparatorio a trabajadores/as de la salud del área privada
Para el estudio de la propuesta, que hoy es evaluada por la Comisión de Salud de la Cámara, expusieron dirigentes del sector, quienes acusaron “discriminación y disparidad” respecto del ámbito público. En un segundo punto, participó el presidente de la Alianza Chilena de Agrupaciones de Pacientes, para referirse a la necesidad de avances y mejoras en la ley Ricarte Soto.
La Comisión de Salud continúa con las audiencias, en el marco de estudio del proyecto que establece un derecho a descanso reparatorio para trabajadores de la salud del sector privado, como reconocimiento a su labor durante la pandemia de Covid-19 (boletín 14.943).
El objetivo es otorgar por única vez y de manera excepcional un descanso reparatorio de 14 días hábiles, de manera total o parcial. Está dirigido al personal de la red asistencial de prestadores de salud privados. También a quienes laboral en farmacias y almacenes farmacéuticos, sin distinción de la calidad contractual en virtud de la cual se encuentren.
El presidente de la Federación de Sindicatos de Profesionales de la Salud Privada (Fesprosap), Delfín Levicoy, acusó discriminación y disparidad, respecto del sector público. Ello, recordando que dichos trabajadores sí reciben un descanso reparatorio por su labor en la pandemia.
Recalcó que ambos sectores han realizado un esfuerzo para tratar a pacientes de Covid-19. En tal plano, valoró que se volviera a presentar un proyecto como el actual, ya que no participaron de la iniciativa anterior.
Enfatizó que las y los trabajadores están agotadísimos. Acotó que muchos han presentado licencias y otros ya no quieren trabajar en salud. Sostuvo que algunos funcionarios están con secuelas o presentaron cuadros sicológicos y ansiedad, por lo que relevó la necesidad del descanso.
Además, refutó lo señalado por el representante de las clínicas privadas en la sesión anterior. Este indicó que si se otorga el descanso de 14 días, las clínicas no van a poder satisfacer oportunamente la demanda de atención y que tendría un costo de 100 mil millones de pesos.
Al respecto, Levicoy señaló que dichos establecimientos “tienen la espalda económica para dar permiso a las y los trabajadores que se proyecta a tres años”. Precisó que muchas clínicas han duplicado sus ganancias con el aumento de las cirugías o la atención de otras patologías. Como ejemplo citó a Indisa, que en 2021 tuvo 20 mil millones pesos de ganancias. También está la Red UC Christus, que aumentó de 18 a 40 los centros de toma de muestras.
Visión del Ejecutivo
La ministra de Salud, María Begoña Ayarza, excusó su asistencia por otro compromiso que no pudo modificar. Sin embargo, el asesor de la cartera, Jaime Yunyent, explicó que comparten la idea general del proyecto.
Sin embargo, reconoció que existen materias que exceden las competencias del Ministerio. En tal contexto, propuso escuchar en la instancia al Ministerio del Trabajo y a la Superintendencia de Seguridad Social, respecto a la calificación de las enfermedades laborales.
El diputado Andrés Celis (RN) consultó si el Gobierno está dispuesto a financiar la iniciativa y a conversar con el sector privado de salud.
Sobre el punto, el asesor ministerial respondió que no se tiene contemplada la asignación de recursos para el proyecto de ley. Por otra parte, recordó que ello requeriría de un informe financiero.
Ley Ricarte Soto
En un segundo punto, la instancia recibió al presidente de la Alianza Chilena de Agrupaciones de Pacientes, Gonzalo Tobar. Se refirió a la necesidad de avances y mejoras de la ley Ricarte Soto.
Indicó que reconocen el avance de la Ley 20.850, que creó un Sistema de Protección Financiera para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo. Ello ha permitido dar cobertura a 37.840 personas con 27 problemas de salud, a diciembre de 2021.
Sin embargo, sostuvo que hay más personas esperando de los que están cubiertos por la normativa. En ese sentido, criticó el retraso del quinto decreto de coberturas. Tobar expresó que solo se da continuidad de tratamiento a enfermedades existentes o reemplazo de tratamientos de mayor efectividad. Pero, agregó, hay 7.770 solicitudes ciudadanas en el repositorio.
Así, el representante de más de 15 organizaciones de pacientes crónicos llamó a una revisión del sistema y que se incluyan más enfermedades. Igualmente, que se entregue más cobertura, exista más universalidad y se revisen los protocolos.
Al respecto, informó que las comisiones médicas solo se encuentran en Santiago y que muchos pacientes tienen que establecerse en la capital para recibir tratamiento. Por otra parte, no existe seguimiento de un paciente cuando un médico tratante lo ingresa al sistema.
Las y los diputados empatizaron transversalmente con lo planteado por Tobar y expresaron su interés por perfeccionar la ley. De hecho, recordaron que ya existe un proyecto que se pretende poner en tabla en junio. En dicho trámite se espera aportar, vía indicaciones, lo planteado por el invitado,, como lo planteó el presidente de la Comisión, diputado Tomás Lagomarsino (IND).