Comisión rechazó procedencia de la acusación constitucional en contra del exministro Allamand
El grupo legislativo no se convenció con los argumentos propuestos por los diputados acusadores. No obstante, plantearon que hay elementos que podrían ser derivados a otras instituciones para determinar responsabilidades. Ahora, la Sala deberá revisar el informe elaborado por esta instancia en el día de mañana y determinar si respalda o no la sugerencia de la comisión.
La comisión encargada de analizar la acusación constitucional en contra del exministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, rechazó, por un voto en contra y tres abstenciones, la procedencia del libelo acusatorio.
En la votación, el diputado Jorge Brito (RD) se abstuvo. Señaló que es importante derivar determinados antecedentes a otras instituciones, ya que escapan de la competencia de la comisión. Por su parte, el diputado Cristián Labbe (UDI) votó en contra. Subrayó que la medida carece de fondo y que faltaron pruebas.
La diputada Catalina Pérez (RD) se abstuvo en su votación. Manifestó que no se han presentado elementos necesarios para formarse la convicción de que existe una responsabilidad política o jurídica. No obstante, estimó que la conducta del exministro es totalmente reprochable.
Finalmente, el presidente del grupo legislativo, Jaime Araya (IND), consideró que se trata de un juicio de naturaleza política y dista de un juicio jurídico. Lo que uno podría decir, acotó, es “buscar una suerte de justicia constitucional por responsabilidad, que no es lo mismo que ajusticiar al exministro”.
Planteó que, al tenor de la acusación, la falta de comparecencia de testimonios (alcaldes y gobernadores) aparece de manifiesto lo difícil que ha sido comprobar los hechos que se alegan. Sin embargo, agregó, surge la inquietud de por qué no se invocaron otras causales respecto de la inejecución de las leyes. Igualmente, respecto de un posible conflicto de probidad por las actuaciones del canciller por, eventualmente, hacer prevalecer su interés personal por sobre el general.
Acusadores
El diputado Roberto Arroyo (PDG) expuso los argumentos del libelo. Se refirió a la cantidad de informaciones en numerosos medios y las entrevistas a los alcaldes de la zona norte, que expresaron la grave situación vivida.
Puntualizó que las imágenes mostraban cómo, diariamente, cruzaban más de 500 personas sin control. Incluyó las declaraciones del fiscal del Ministerio Público de Tarapacá e hizo un detalle de las expresiones de alcaldes de las comunas del norte.
A su juicio, el descontrol se debe al abandono de las autoridades del momento, como el exministro Allamand. Junto a ello, la complicidad con otras instituciones que le daban el carácter de refugiados a quienes ingresaban irregularmente. Precisó que “su renuncia se produce mientras estaba ya en los hechos en otro cargo”, esta vez, de carácter internacional.
Cabe recordar que la acusación fue presentada por las y los diputados PDG Yovana Ahumada, Rubén Darío Oyarzo, Roberto Arroyo, Víctor Alejandro Pino, Karen Medina y Gaspar Rivas. También la suscribieron la diputada Pamela Jiles (PH) y los independientes Francisco Pulgar, Viviana Delgado, Clara Sagardia y Enrique Lee.
Defensa
El abogado Daniel Donoso afirmó que la acusación se equivoca al sostener que el exministro incurrió en una conducta de la gravedad como la planteada por un libelo acusatorio. “Que, además, implica un estándar de pruebas y hechos que justifiquen una cuestión tan grave como comprometer el honor y seguridad de la nación”, remarcó.
En tal plano, sostuvo que “si los acusadores no rinden pruebas y no acreditan los hechos en los cuales basan su acusación, el libelo debe ser desechado”. “Corresponde a ellos acreditar y probar la acusación”, sentenció.
Manifestó que la acusación implica que el juicio o reproche debe ser de carácter jurídico y no político. “De acuerdo a lo que he escuchado de los acusadores, se trata de un reproche político a ciertas acciones”, planteó.