CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

Con 118 votos a favor, 15 en contra y 5 abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados acogió la cuestión previa planteada por la defensa del exministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand Zavala, en el marco de la acusación constitucional en su contra.

Se trata del primer libelo presentado en este periodo. Estuvo dirigida contra el excanciller, aduciendo que comprometió el honor y seguridad de la nación. Ello, en el marco de la crisis migratoria que se vivió en el norte del país en febrero de este año. En dicha oportunidad, Andrés Allamand se encontraba fuera del país, haciendo uso de su feriado legal.

De acuerdo a lo que establece la ley, al inicio de la sesión la defensa del exministro presentó la cuestión previa de que la acusación constitucional no cumple con los requisitos para su formulación. El abogado Ramiro Araya indicó en su exposición que el libelo acusatorio imputó a Andrés Allamand un supuesto abandono de su cargo. Esto, pese a que se le acusó de comprometer gravemente el honor y la seguridad de la nación.

No obstante, señaló que no se fundamentaron los elementos de estas causales, sino que los acusadores se refirieron al notable abandono de deberes. Añadió que no corresponde imputar esta causal para un ministro de Estado, por lo que llamó a rechazar la acusación.

Integrantes de la comisión

Luego, expusieron los integrantes de la comisión que analizó el libelo acusatorio, que en su informe recomendó rechazarlo.

En primer término, habló el presidente de la instancia, diputado Jaime Araya (IND). El parlamentario reiteró su voto de abstención. Dijo que la ausencia de alcaldes y gobernadores en la comisión no permitió acreditar la responsabilidad de Allamand con hechos precisos que comprometan la seguridad y honor de la nación.

Agregó que las causales invocadas no eran las correctas, pero que quedó la legítima duda sobre la inejecución de ley y conflictos de probidad. Al terminar, indicó que la grave crisis migratoria plantea la pregunta abierta, de si no sería razonable perseguir la responsabilidad constitucional del Presidente Sebastián Piñera.

Posteriormente, fue el turno del diputado Jorge Brito (RD). El legislador coincidió en que la acusación constitucional no cumple los requisitos para su formulación. Detalló que es difícil que la seguridad de la nación la comprometa un ministro que no estuvo directamente involucrado. Agregó que no se pudo relacionar los hechos con haber comprometido gravemente la seguridad de la nación, pues Andrés Allamand no tenía competencias al respecto.

De la misma forma, sobre comprometer el honor de la nación, el diputado Brito sostuvo que carece de sustento, puesto que siempre hubo representación del gobierno chileno en las reuniones con Bolivia por la crisis migratoria, a pesar de la ausencia de Allamand.

Feriado legal

El parlamentario Cristián Labbé (UDI), a su turno, criticó la falta de contenido, de argumentos y pruebas del libelo acusatorio. Precisó que cuando al excanciller se le acusa de comprometer gravemente el honor y la seguridad de la nación, se carece de contenido legal jurídico y de consistencia.

Añadió que los acusadores solo presentaron pruebas presentes en la prensa, lo que es insuficiente para dirimir si es culpable o no, o si es acusado constitucionalmente o no.

Asimismo, dijo que la exautoridad hizo uso de sus vacaciones legales bajo el estatuto administrativo. Y, respecto a las reuniones realizadas con autoridades de Bolivia, el excanciller fue reemplazado por representantes de su cartera y, a ellas, asistieron otras autoridades como el exministro del Interior, Rodrigo Delgado.

Finalmente, la diputada Catalina Pérez (RD) coincidió en la ausencia de ilícito constitucional. Ello, pese a reconocer la grave crisis migratoria que se vivió en el norte a principios de año. No obstante, señaló que, a pesar de la falta de gestión del Gobierno, esto no se puede atribuir a Andrés Allamand.

Lo mismo en el caso del honor de la nación. La parlamentaria recordó que Chile participó en las instancias a pesar de la ausencia de Allamand.

Tanto Catalina Pérez como Jorge Brito anunciaron, de todas formas, que oficiarán al Ministerio Público y a la Contraloría. Lo anterior, por estimar que aun debe determinarse si el excanciller incurrió en faltas a la probidad administrativa, al realizar otras gestiones para la Secretaría Iberoamericana mientras aún era secretario de Estado.

Otro punto que pedirán analizar es el uso de viáticos en el último año de su gestión en el gobierno de Piñera.

Antecedentes 

La Acusación Constitucional contra el excanciller Allamand se informó en la Sala el lunes 9 de mayo. El libelo contó con las firmas de las y los diputados del Partido de la Gente, Yovana Ahumada, Rubén Darío Oyarzo, Roberto Arroyo, Víctor Alejandro Pino, Karen Medina y Gaspar Rivas; junto a Pamela Jiles (PH) y los independientes Francisco Pulgar, Viviana Delgado, Clara Sagardia y Enrique Lee.

El sorteo de los integrantes de la Comisión se realizó ese mismo día en la Sala y se constituyó el martes 10 de mayo. Luego de eso, se realizaron dos sesiones. La primera, el lunes 16 de mayo, donde se invitó a 15 alcaldes de las regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá y de Antofagasta. De ellos, solo se presentó el alcalde de Alto Hospicio, señalando que no conocía el motivo de la citación.

En la segunda, el martes 16 de mayo, se recibió a las y los diputados acusadores Enrique Lee, Karen Medina, Rubén Darío Oyarzo, Víctor Pino Fuentes, Francisco Pulgar, Gaspar Rivas y Clara Sagardia. Y, luego, se escuchó a los abogados de la Defensa, Samuel Donoso y Joaquín Santos. Mientras, que los gobernadores de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama, tampoco participaron en la instancia.

Finalmente, la comisión procedió a votar la acusación, la que fue rechazada con un voto en contra y tres abstenciones. ​

Hoy, con el resultado obtenido en la Sala sobre la cuestión previa, se entiende, para términos formales, por no presentada la acusación.