Intenso debate por implementación de reglamento que regula consumo de drogas en la Cámara
Visiones encontradas se manifestaron en la discusión de la Sala con la medida aleatoria que controlará el consumo de drogas a las y los diputados. Si bien están de acuerdo con su implementación, hubo discrepancias sobre la reserva o publicidad de los resultados.
Un debate transversal en pro de la transparencia, pero con diversos matices en la forma de su aplicación, enmarcó la aprobación en general de la modificación al reglamento de la Cámara de Diputados para establecer medidas que regulen la realización de exámenes a las y los legisladores de control de consumo de drogas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas.
Juan Antonio Coloma (UDI), uno de los principales promotores de la medida, enfatizó que “pasaron 20 años para que se votara el test de drogas en la Cámara”. Estimó que no es la solución definitiva, pero sí consideró importante saber si hay parlamentarios que consumen drogas. “Ellos compran drogas y pueden ser extorsionados por quienes les venden”, acotó. Por eso, dijo ser partidario de la transparencia total en los resultados, para que nunca más alguien que consume drogas pueda votar un proyecto de ley relacionado a la Ley 20.000.
Camila Flores (RN) remarcó que establecer el narcotest en la Cámara es un gran avance para que la ciudadanía conozca que diputados son drogadictos. A su juicio, “quien nada hace nada teme”, por lo que es fundamental que el examen sea aleatorio y sin previo aviso. “Queremos una política exenta de drogadictos”, porque no puede haber vínculo ni conflictos de interés al legislar sobre la materia, recalcó.
José Carlos Meza (PREP) dijo que la realización del test de drogas a las y los diputados es un imperativo jurídico, moral y ético. Evaluó que es una responsabilidad asumida al momento de ejercer el cargo. Además, pidió establecer la inhabilidad para quien legisle y tenga algún grado de dependencia.
PC y Frente Amplio
Karol Cariola (PC) observó que la realización del test de drogas ya está aprobado en la Ley de Presupuestos. En tal plano, resaltó que lo que se discute es cuál es el objetivo de la medida. Planteó que se debe resguardar la dignidad de la persona y los derechos y deberes de los pacientes. De igual modo, generar las condiciones para dilucidar vínculos con el narcotráfico. Por ello, insistió en la indicación que permite levantar el secreto bancario de las y los parlamentarios.
Diego Ibáñez (PCS) consideró que el test de drogas no va a solucionar el tema del narcotráfico y llamó a dejar de lado el populismo penal. Indicó que se debe cortar la llave del dinero relacionada al narcotráfico, por ejemplo, levantando el secreto bancario. Por otra parte, llamó a regularizar las drogas como en Uruguay, que es la única evidencia para solucionar el crimen organizado.
Ana María Gazmuri (IND) se mostró contraria a la medida, porque rechaza la estrategia punitiva respecto a las drogas, es ineficaz e inútil. Dijo que, pese a que es razonable la detección del consumo problemático, esa persona no es un enfermo ni un delincuente. Así, se requiere el debido resguardo de la dignidad de la persona del escarnio público. Planteó que se requiere de un debate serio y una política de drogas centrada en las personas. “No guerra a las drogas, sí a la regulación por la paz”, destacó.
Independientes y DC
Francisco Pulgar (IND – Bancada PDG) sostuvo que el test de drogas debe implicar un debate serio que considere tres aspectos: los efectos nocivos en la salud pública, el elemento legal tipificado en la norma y la responsabilidad y transparencia en el rol público de representación ciudadana. “Test de drogas ahora y públicos”, recalcó, porque es válido que los ciudadanos conozcan las conductas de quienes ejercen la labor parlamentaria.
Sebastián Videla (IND –Bancada PR) planteó que los congresistas deben hacerse el test de drogas como cualquier otro trabajador. Afirmó que es una señal de transparencia y recalcó que, ante cualquier mínimo vínculo con el narcotráfico, la o el legislador no puede seguir en el ejercicio de su cargo. También, estimó que las autoridades por elección popular debieran realizarse un examen sicológico.
Miguel Ángel Calisto (DC) cuestionó la polarización del debate, porque no se puede hablar del fondo de lo que significa el problema de la droga y cómo afecta a una persona consumidora. Si bien se mostró de acuerdo con la realización del examen, afirmó que se debe poner en el centro a la persona. “No soy partidario de publicar los resultados del test”, porque quien se realiza el examen es un paciente que tiene derechos. Si resulta ser consumidor, agregó, debe ser tratado como tal, desde la perspectiva de una persona enferma.
Además, intervinieron Paula Labra (RN), Chiara Barchiesi (PREP), Marta Bravo (UDI), Hugo Rey (RN), Felipe Donoso (UDI), Emilia Schneider (Comunes), Cristián Araya (PREP), Catalina Pérez (RD), Benjamín Moreno (PREP), Daniel Lilayu (UDI), Andrés Jouannet (IND), Cristóbal Urruticoechea (PREP), Ximena Ossandón (RN), Gloria Naveillan (PREP) y Leonidas Romero (IND).