Infraestructura crítica contará con protección especial frente a peligro grave o inminente
Por medio de una reforma constitucional, que pasó hoy a fase de promulgación, se detallan los alcances y limitantes de esta nueva facultad entregada al Ejecutivo. La medida podrá tener una duración de 60 días y, para su extensión, requerirá del acuerdo del Congreso Nacional.
Una nueva reforma constitucional (boletín 13086) aprobó hoy la Cámara y despachó al Ejecutivo para su promulgación. Se trata de una propuesta que buscar la protección de la infraestructura crítica del país cuando exista peligro grave o inminente a su respecto.
La nueva facultad para el Ejecutivo, radicada en el artículo 32 de la Constitución Política, se concretará por medio de un decreto supremo fundado. Este será suscrito, en cada caso, por los ministros del Interior y de Defensa Nacional y permitirá movilizar para sus fines a las Fuerzas Armadas.
La infraestructura crítica comprende el conjunto de instalaciones, sistemas o servicios esenciales y de utilidad pública. Asimismo, incluye aquellos cuya afectación cause un grave daño a la salud o al abastecimiento de la población. De igual modo, considera la actividad económica, al medioambiente y la seguridad del país.
Se entiende incorporada la infraestructura indispensable para la generación, almacenamiento y distribución de los servicios e insumos básicos para la población. Como ejemplos se citan la energía, el agua y las telecomunicaciones. También incluye la conexión vial, aérea, terrestre, marítima, portuaria o ferroviaria. Igualmente, la correspondiente a servicios de utilidad pública, como los sistemas de asistencia sanitaria o de salud.
Limitaciones y antecedentes
En ningún caso el ejercicio de esta atribución podrá implicar la suspensión, restricción, limitación o afectación de los derechos y garantías consagrados en la Constitución o en tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.
Además, indica que las FFAA tampoco podrán asumir funciones relacionadas con el control o restablecimiento del orden público.
Por otra parte, especifica que la medida no podrá extenderse por más de 60 días. Sin perjuicio de lo anterior, podrá prorrogarse por igual período, con acuerdo del Congreso Nacional.
Adicionalmente, exige al Presidente de la República informar al Congreso Nacional de las medidas adoptadas en virtud de esta atribución. En la misma línea, pide transparentar los efectos o consecuencias de su ejecución, una vez concluido su ejercicio y dentro del plazo de cinco días. Con todo, si la atribución se extendiera por el plazo máximo, se deberá informar adicionalmente a los 30 días.
Cabe mencionar que el presente texto fue el resultado de los acuerdos de la comisión mixta que zanjó las diferencias con el Senado. Ella se generó por el rechazo de la Cámara a la idea de legislar de la propuesta, el 9 de septiembre de 2020. En dicha oportunidad se requerían 93 votos favorables y solo se obtuvieron 74.
Hoy, el texto se ratificó por 97 votos a favor, 17 en contra y 28 abstenciones, superando los 93 votos exigidos como mínimo para su aprobación.
Discusión
En el debate de esta iniciativa intervinieron Álvaro Carter (UDI), Leonardo Soto (PS), Rubén Darío Oyarzo (PDG), Carlos Bianchi (IND), Camila Flores (RN), Eric Aedo (DC), Ximena Ossandón (RN), Mauricio Ojeda (PREP), Andrés Jouannet (IND), Johannes Kaiser (IND), Andrés Longton (RN), Stephan Schubert (IND), Daniel Lilayu (IND), Jorge Brito (RD), Cristián Araya (PREP), Joanna Pérez (DC), Jorge Rathgeb (RN), Henry Leal (UDI), Marcos Ilabaca (PS), Luis Sánchez (PREP), Gloria Naveillan (PREP), Flor Weisse (UDI), Cristián Tapia (IND) y Marcela Riquelme (IND). Por el Ejecutivo expuso el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson.
La mayoría de los expositores valoraron la reforma constitucional. Algunos lamentaron que, en la ocasión anterior, no se contara con los votos y se rechazara, quedando la convocatoria para la mixta en status quo por falta de acuerdo. Sin embargo, al mismo, tiempo, valoraron el cambio de actitud y que tanto el Gobierno como algunos sectores, otrora contrarios al proyecto, hoy lo apoyaran.
Para otros, lo importante es contar con esta legislación para combatir una preocupación de la ciudadanía, como es el tema de la seguridad y el terrorismo. Además, rescataron algunos avances logrados en la comisión mixta. De hecho, esta fue la propia postura del Ejecutivo que, adicionalmente, anunció que los eventuales vacíos se resolverán vía reglamento. En este plano entrarán, por ejemplo, asuntos como la cadena de mando y la obligación de informar al Congreso.
Por último, también se expresaron dudas sobre aspectos técnicos del texto y se refutó la forma en que esta iniciativa avanza. Particularmente, criticaron la utilización de las FFAA para labores de resguardo de la seguridad pública.