Comisión de Economía continuó análisis de proyecto que crea registro de deuda consolidada
La propuesta, iniciada en mensaje, busca crear un registro de información relativa a las obligaciones crediticias, con la finalidad de mejorar el sistema de evaluación crediticia de las personas, otorgando mayor información a la Comisión para el Mercado Financiero, para el ejercicio de sus atribuciones de regulación, supervisión y cumplimiento de sus funciones legales.
Continuar la discusión general del proyecto de ley originado en mensaje, que crea un Registro de Deuda Consolidada (boletín 14743), fue el objeto de la sesión de la Comisión de Economía de la Cámara.
El texto busca mejorar la información sobre obligaciones crediticias, entregar herramientas al regulador y reforzar los derechos de los deudores.
La instancia recibió al director Nacional (S) del Servicio Nacional del Consumidor, SERNAC, Jean Pierre Couchot, quien valoró el contenido de la iniciativa.
Señaló que en el último trimestre de 2021 se registró un total de 4 millones deudores morosos. Ello representa un 27, 5% de la población adulta en Chile. De esa cifra el 52 % cuenta con una deuda por sobre los trescientos mil pesos.
Además, sostuvo que la iniciativa es una materia relevante, pues más 800 mil personas gastan más de del 50% de sus ingresos en pagar sus deudas.
Asimismo, enfatizó que “Es una avance que el proyecto encomiende a la Comisión por el Mercado Financiero la supervisión y fiscalización directa” enfatizó.
Bancos e Instituciones Financieras de Chile
La instancia recibió también al Presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile A.G., José Manuel Mena. El personero señaló que a su juicio la iniciativa es muy necesaria para el buen funcionamiento del mercado de crédito.
Agregó que la información positiva y negativa es esencial en el proceso de gestión crediticia. Precisó que “el Proyecto apunta en la dirección correcta, pues la no disponibilidad de este tipo de información se traduce en mayores costos de créditos y una menor oferta. También, los registros consolidados son ampliamente utilizados en el mundo”.
Mena, indicó que “el escenario económico actual en Chile es de mayor informalidad, inmigración, y perspectivas futuras. Por ello exige contar urgentemente con un registro consolidado de deudas”.
Agregó que el Informe Financiero contempla la contratación de un equipo acotado para la implementación del Registro. “Compartimos preocupación de la CMF para contar con recursos suficientes para desarrollos tecnológicos robustos. También, supervisión de cumplimiento de estándares de seguridad y protección de datos, ágil respuesta ante reclamos”.
La Comisión también recibió al presidente de Cajas de Chile A.G, Tomás Campero. El dirigente valoró el contenido de la norma, que “puede colaborar a fortalecer la inclusión financiera, protección y bienestar de las personas”.
Contenido del proyecto
La iniciativa busca ampliar la información sobre obligaciones financieras que actualmente está disponible en el mercado para, por una parte, agregar información sobre el buen comportamiento de pago de las personas y su situación crediticia y, por la otra, incorporar a otros agentes de crédito como aportantes de datos al sistema.
Ello, a fin de que el sistema no solo refleje antecedentes negativos o deuda morosa, como lo hace actualmente, sino también referencias sobre el buen comportamiento de pago de las personas, de manera que estas puedan hacer uso de su capital reputacional y acceder en mejores condiciones al mercado del crédito.
Así, se busca que con mayor información, el sistema financiero pueda hacer una evaluación más acertada de los riesgos de las personas, favoreciendo el acceso al crédito y en condiciones más acordes con la realidad de cada deudor.
Asimismo, el texto busca dotar a una instancia administrativa de las facultades necesarias, para regular y supervisar a los agentes del sistema de información comercial.
Adicionalmente, busca reforzar los derechos de los deudores respecto de su información crediticia, entendiendo que estos son dueños de sus propios datos. La idea es regular los procedimientos necesarios, para que puedan hacer valer sus derechos.