Cámara despachó proyecto que aborda necesidades urgentes del sistema educativo
El texto, aprobado hoy por la Sala y enviado a segundo trámite, extiende los plazos de implementación de los SLEP, mejora el sistema de pago de deudas previsionales y agiliza el incentivo al retiro de docentes. Sin embargo, el Ejecutivo no logró apoyo suficiente para suspender la evaluación docente.
Por una amplia mayoría, la Sala respaldó el proyecto de ley “miscelánea” (boletín 15153). La norma busca dar respuesta a diversas necesidades urgentes del sistema educativo.
En primer lugar, permite la extensión de la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), que entraron en funcionamiento este año. El proyecto amplía hasta el 1 de enero de 2024 el plazo para completar el traspaso de los establecimientos, para mejorar los procesos.
También, busca perfeccionar el pago de deudas previsionales de docentes. La iniciativa le entrega al Ministerio de Educación (Mineduc) facultades para regularizarlas. Establece que la cartera podrá utilizar los recursos de subvención retenidos en el pago de dichas deudas. Estos se harán en coordinación con los sostenedores, para que el proceso sea expedito y evite dobles pagos.
Incentivo al retiro y evaluación
El proyecto, asimismo, se hace cargo de agilizar el incentivo al retiro para profesores y asistentes de la educación. La iniciativa permite realizar más de un acto administrativo por sostenedor y no grupos de trabajadores asociados a un sostenedor, como se hace actualmente.
De esta manera, se podrá habilitar el pago para quienes sí tienen su documentación en orden. Así, este año se regularizarán los pagos pendientes de 2018 y se dará inicio al pago de los de 2019 y 2020.
Finalmente, la propuesta establecía la posibilidad de suspender la Evaluación Docente y los procesos evaluativos de la Carrera Docente para los años 2022 y 2023. Tras una votación separada de esta norma, la Sala rechazó esta posibilidad por 70 votos a favor, 63 en contra y 8 abstenciones.
La propuesta permitía la rendición voluntaria para quienes les corresponda evaluarse estos años. Además, la extendía para quienes suspendieron su rendición durante los años 2020, 2021 y 2022. La norma señalaba que no se le aplicarían sanciones o rebajas en las asignaciones de las y los docentes que suspendieran su evaluación.
Debate
El informe en la Sala fue rendido por el diputado Fernando Bórquez (UDI). En el debate participaron por el comité de RN Sara Concha, Ximena Ossandón, Miguel Mellado, Miguel Ángel Becker, Frank Sauerbaum, Hugo Rey y Juan Carlos Beltrán.
También intervinieron del comité del PREP Stephan Schubert, José Carlos Meza, Benjamín Moreno, Johannes Kaiser, Gonzalo De la Carrera y Cristián Araya. Junto a ellos, los de la UDI Henry Leal, Sergio Bobadilla, Gustavo Benavente y Felipe Donoso.
Además, expusieron de Evópoli Francisco Undurraga, Jorge Guzmán y Christian Matheson. Del PS, Marcos Ilabaca y Juan Santana; y de la DC, Ricardo Cifuentes y Miguel Ángel Calisto.
Desde el PC hablaron Alejandra Placencia y Daniela Serrano. Junto a ellas, también dieron su opinión, desde Comunes, Camila Rojas y Emilia Schneider; de RD, Catalina Pérez; y del PDG, Karen Medina. También participaron las y los independientes Mónica Arce, Sebastián Videla, Carlos Bianchi, René Alinco y Cristián Tapia.
La mayoría respaldó la ampliación del plazo para la implementación de los SLEP, la regularización de cotizaciones y el incentivo al retiro de docentes. Sin embargo, la crítica más generalizada tuvo relación con la suspensión de los procesos de evaluación docente.
Evaluación docente
Desde RN, UDI, Evópoli y PREP señalaron que es necesario implementar el proceso para poder tener un mejor diagnóstico del escenario post crisis sanitaria. Aseguran que no es un “castigo” realizar esta medida, sino que va en directo beneficios de las comunidades educativas.
Quienes defendieron la suspensión señalaron que en este complejo retorno a las clases presenciales, no era oportuno sobrecargar de labores a las y los docentes. Argumentaron que el objetivo de la suspensión es, justamente, reevaluar el proceso y optimizarlo a las verdaderas necesidades educativas.
Dicha posición fue respaldada por el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. En su intervención señaló que para su cartera “las evaluaciones son esenciales”. Agregó que es necesario armonizar los sistemas de evaluación de aprendizaje sin castigar a las escuelas. Junto a esto, también avanzar en una mejora de los dos procesos de evaluación docente.
La norma, que se encuentra con urgencia calificada de “suma” (quince días para el trámite), seguirá su tramitación en el Senado.