Cámara apoyó nueva prórroga de estado de excepción en la macrozona sur
Por otros quince días más se amplío la medida en La Araucanía y en dos provincias del Biobío. Esta es la quinta solicitud que el Gobierno efectúa al Congreso Nacional para extender el estado de excepción y mantener, así, la seguridad en dichos territorios.
La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó, por 109 votos a favor, 16 en contra y 9 abstenciones, una nueva solicitud del Ejecutivo para prorrogar el estado de excepción constitucional de emergencia (EECE) en la macrozona sur.
La medida se aplica a la región de La Araucanía y a las provincias de Arauco y del Biobío, de la región del Biobío. Su permanencia se sostiene porque los hechos de violencia continúan afectando a sus habitantes.
Esta es la quinta vez que el Gobierno solicita una extensión de la medida al Parlamento, que debe dar su acuerdo para un estado de excepción constitucional. Ello, luego de ser dictado por primera vez vía decreto (16 mayo) y prorrogado por una vez (27 mayo).
El EECE se ha mantenido luego con acuerdos del Congreso Nacional a través de cuatro decretos (214, 219, 223 y 231). El último vence el 15 de agosto y esta quinta prórroga regirá a continuación.
Fundamentos
La solitud reitera la persistencia de hechos de violencia en la macrozona sur, que afectan el uso diario de las rutas y vías. Ello ha puesto en peligro y ha afectado la integridad física de los habitantes de La Araucanía y de las provincias de Arauco y Biobío.
Lo anterior, por la restricción al libre tránsito y la alteración del orden público. Asimismo, se obstaculizan las cadenas de suministro y aumenta el costo de la vida en zonas más rezagadas. Además, se dificulta el desarrollo de la actividad económica y la vida de las familias. Junto a ello, la ejecución de proyectos de desarrollo y el despliegue de capacidades del sector público.
Se destaca que mantener el EECE permite disponer de medidas para garantizar la seguridad de las rutas y vías en la zona. Esto, al propiciar la coordinación interinstitucional entre las policías, las FFAA y el Gobierno. Tales acciones coordinadas, se señala, han tenido efectos positivos en disuadir la ocurrencia de eventos violentos y desórdenes.
Sin embargo, los hechos que motivaron el EECE siguen subsistiendo. En tal sentido, se estima necesario prorrogar su implementación por 15 días más.
Ejecutivo
La ministra del Interior, Izkia Siches, recalcó que esta es una medida excepcional, complementaria y necesaria para reforzar labores de orden público y de Carabineros, la PDI y el Ministerio Público. Dijo que mitiga, en algo, los hechos violentos.
Agregó que efectivos de Carabineros, con el refuerzo de las Fuerzas Armadas, han realizado patrullajes y puntos de control. Esto ha permitido 60 mil controles y abordar distintos ilícitos, con más de cien detenidos, algunos con orden de aprehensión y otros involucrados en robo de madera o narcotráfico.
Por otra parte, respecto al plan “Buen Vivir” informó que ha sido difícil la inversión pública por los hechos de violencia. Pero destacó el trabajo con los parlamentarios de la zona y con el Ministerio de Desarrollo Social para implementar cerca de 1.100 proyectos y nuevas iniciativas.
En tanto, la ministra de Defensa, Maya Fernández, comunicó datos derivados del reporte de las FF.AA.. Acotó que, en el último mes, se aumentó entre 80 y 90% la cantidad de operativos en ambas regiones. Ello incluye puntos de control, operativos terrestres, escolta, convoy de bienes esenciales, observación, monitoreo de rutas y patrullajes. Para dichas labores se utilizó material blindado, tecnológicos de observación y aéreos, entre otros.
Debate
Participaron Jorge Rathgeb (RN), Marcos Ilabaca (PS), Flor Weisse (UDI), Alejandro Bernales (PL), Miguel Ángel Becker (RN), Félix González (PEV), Henry Leal (UDI), Ana María Bravo (PS), Johannes Kaiser (IND), Bernardo Berger (IND), Yovana Ahumada (PDG), Francisco Undurraga (Evópoli), Emilia Nuyado (PS), Sergio Bobadilla (UDI), Andrés Jouannet (IND), Enrique Lee (IND), Cristóbal Urruticoechea (PREP), Jaime Araya (IND), Juan Antonio Coloma (UDI), Jaime Sáez (RD), Cristián Araya (PREP), Gonzalo De la Carrera (PREP), Miguel Mellado (RN), Juan Fuenzalida (UDI), Juan Santana (PS), José Miguel Castro (RN), Stephan Schubert (IND), Marco Antonio Sulantay (UDI) y Harry Jürgensen (IND).
Desde sectores que respaldaron la solicitud del Gobierno, se volvió a insistir en la necesidad de que se apliquen todas las facultades pertinentes. Además, pidieron un mejor seguimiento de actos terroristas con los instrumentos que tiene el Estado. Junto a esto, demandaron tener más antecedentes de la ejecución del Plan Buen Vivir.
Desde sectores oficialistas, en general, hubo respaldo a la extensión. Se argumentó que es una de las herramientas que se deben utilizar. Sin embargo, insistieron en la necesidad de determinar quiénes son los responsables de los hechos de violencia. Igualmente, hicieron un llamado de atención para evaluar la necesidad de extender la medida a Los Ríos.
En la sesión también hubo parlamentarios del norte que intervinieron para señalar que no respaldarían la solicitud del Gobierno. Esto, porque piden que se aplique estado de excepción en su territorio para contener el aumento de la violencia. También hubo rechazo en parlamentarios que consideran que el conflicto no se resuelve con la militarización de la zona sur. Sostuvieron que son necesarios los diálogos con las autoridades ancestrales para evaluar la pérdida de territorio.