Postergan al 2024 la entrada en vigencia de los aranceles regulados para la educación superior
El proyecto, ahora enviado al Ejecutivo para su promulgación, también afecta a los derechos básicos de matrícula y los cobros por concepto de titulación o graduación.
En condiciones de promulgarse como ley de la República quedó el proyecto (boletín 14997) que dispone que los aranceles regulados, los derechos básicos de matrícula y los cobros por concepto de titulación o graduación, entrarán en vigencia el año académico 2024.
Lo anterior, luego que la Sala de la Cámara ratificara el mismo texto planteado por el Senado y que fuera impulsado por el Ejecutivo. Dicho apoyo se materializó en una votación que arrojó la unanimidad de 135 votos a favor.
La propuesta legal despachada también entrega una nueva facultad a la Subsecretaría de Educación Superior. Ella le permitirá dictar la o las resoluciones exentas necesarias para establecer las primeras bases técnicas para el cálculo de aranceles regulados. Igualmente, lo referente a los derechos de matrículas y cobros por titulación o graduación.
El texto se presentó ante la Sala por medio del informe de la Comisión de Educación, que rindió la diputada Daniela Serrano (PC). Al debate se sumó luego la opinión del diputado Cristhian Moreira (UDI). Ambos relataron la importancia de la aprobación de la iniciativa. Asimismo, relevaron el consenso político y académico sobre la necesidad de la postergación del plazo mencionado, en línea con lo planteado por la Contraloría General de la República.
Fundamentos del proyecto
La Subsecretaría de Educación Superior, el 30 de diciembre de 2019, estableció las primeras bases técnicas para el cálculo de los valores de las materias atingentes a este proyecto. Ello, en el marco del financiamiento institucional para la gratuidad.
Luego, por medio de otra resolución exenta, el 29 de marzo de 2021, determinó finalmente los aranceles regulados. De igual modo, fijó los derechos básicos de matrícula y cobros por concepto de titulación o graduación para las instituciones de educación superior que acceden al financiamiento institucional para la gratuidad.
Sin embargo, el proceso fue objeto de reclamos de ilegalidad ante la Contraloría. Esta, en un dictamen del 15 de octubre de 2021, resolvió que la Subsecretaría de Educación Superior actuó en el ámbito de sus facultades legales. Empero, determinó que “no proporcionó todos los antecedentes a las instituciones de educación superior”. Ello, a fin de que enviaran sus apreciaciones sobre el informe de cálculo a la Comisión de Expertos para la regulación de aranceles.
A su vez, se rechazaron observaciones de la Comisión de Expertos sin suficiente fundamentación.
Finalmente, la entidad concluyó que en las bases técnicas no se previó una agrupación de carreras en función a la estructura de costos similares. Solo se consideró la estructura curricular de ellas. De tal modo, no se respetaron los mínimos establecidos en la ley respectiva.
Por todo lo anterior, la Contraloría General de la República indicó que la Subsecretaría deberá adoptar las medidas pertinentes para ajustar las antedichas resoluciones, según las observaciones.
En dicho sentido, la Subsecretaría invalidó parcialmente las resoluciones. Así, no será posible cumplir con la entrada en vigencia de los aranceles regulados, programada para el año 2023, hecho que esta ley corrige al postergarla al 2024, junto con entregar las facultades mencionadas a la entidad gubernamental.