Movilh llamó a perfeccionar reforma de normas antidiscriminación
El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) participó en la comisión de DD.HH. de la Cámara, para referirse a la iniciativa que busca actualizar la ley Zamudio y planteó que se debe mejorar lo ya aprobado por el Senado.
La instancia de Derechos Humanos continúa con las audiencias sobre el proyecto que modifica y fortalece la ley N° 20.609, que establece medidas contra la discriminación (boletín 12748).
La iniciativa, de origen en senadores/a, busca actualizar la normativa 20.609, conocida como Ley Zamudio. Ello, con el fin de fortalecer la prevención de la discriminación y promover y garantizar de mejor manera el principio de igualdad. Dotando, además, de mayor eficacia a la acción de no discriminación que consagra la referida ley.
En la jornada expuso Ramón Gómez, del área de DD.HH. del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh). Al respecto, hizo un repaso histórico de lo significó la aprobación de la Ley Zamudio, que surgió de la demanda de diversos movimientos sociales (mapuche, migrantes, siquiátrico y de identidad sexual). Explicó que hubo varias materias que propusieron que quedaron fuera y que se reponen casi en su totalidad en esta reforma.
Agregó que la ley Zamudio es “significativa” para sectores desventajados y vulnerables, con un positivo avance en lo preventivo. Ello posibilitó consagrar políticas públicas y otras leyes, que consideran como argumento dicha normativa.
“Pero ha tenido un nulo impacto en lo punitivo, que es lo que más se desarrolla en la ley”, señaló. Entre 2012 y 2021 –según cifras del Poder Judicial- sólo se han presentado 468 denuncias de discriminación con 274 sentencias. Y en sólo 5 casos se ha podido determinar el agravante. Porque ha sido un elemento difícil de probar, ya que se establece como requisito que la motivación del delito sea una causa discriminatoria.
Críticas a la Reforma
Respecto a la reforma, Ramón Gómez criticó que el texto no considere modificaciones ya realizadas a la ley. Y que en su primer trámite, se haya eliminado el deber del Estado en la elaboración de políticas públicas contra la discriminación, “lo que es un retroceso”, indicó.
También encuentra confusas las definiciones de los distintos tipos de discriminación que se señalan: directa, indirecta, múltiple, agravada o estructural. Indicó que no queda claro su utilidad práctica y si ayudan o no a los propósitos de la ley o complejizan sus alcances.
Por otra parte, se refirió a la presentación de la acción penal ante el juez de letras correspondiente al domicilio del demandante, tema que también fue excluido de la reforma.
En cuanto a los discursos de odio, se pide que las disculpas públicas sean por el mismo medio en que fueron vertidos por el victimario y en los términos que la víctima decida. Actualmente, la reforma señala que sea por cualquier medio de comunicación.
Finalmente, el profesional llamó a instaurar una “institucionalidad antidiscriminatoria” que acompañe a las víctimas, con asistencia legal y sicológica. Y que genere campañas preventivas contra la discriminación. “Tema que era la columna vertebral de impulsar una reforma y que debiera ser patrocinado por el Ejecutivo. Si no, la reforma no cumple su cometido”, enfatizó.