Pesca aprueba elevar penas a quienes comercialicen productos del mar contaminados
La propuesta denominada “Ley Jahir” y analizada por la comisión del ramo, busca sancionar el transporte y comercialización de productos del mar contaminados, particularmente en el caso de la “marea roja”.
La Comisión de Pesca, aprobó en particular y despachó a Sala, el proyecto de ley que sanciona a quien apoce, extraiga, transporte o comercialice recursos hidrobiológicos contaminados. La normativa modifica la ley General de Pesca y Acuicultura, (boletín 14971).
La moción, de autoría del diputado Mauro González (RN), se da luego de la tragedia que significó la muerte del pequeño Jahir Sánchez, de 3 años, tras consumir almejas contaminadas en la costa de Calbuco.
En la sesión se aprobó una indicación sustitutiva presentada el mismo parlamentario. La propuesta señala que fuera del período de veda, todo apozamiento de recursos hidrobiológicos deberá ser informado al Servicio Nacional de Pesca.
La diputada informante del proyecto ante la Sala, será la Diputada Clara Sagardia (IND).
Otros alcances de la norma
El texto despachado por la comisión señala que quien extraiga, apoce y transporte, comercialice o distribuya de cualquier forma recursos hidrobiológicos respecto a los cuales la autoridad sanitaria haya prohibido su extracción, comercialización o traslado por el riesgo a la salud de las personas, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio (desde 541 días a 3 años y un día). Además, se le impondrá una multa de 20 a 50 UTM.
La misma sanción se aplicará al que a sabiendas oculte el origen y/o destino de recursos hidrobiológicos extraídos.
Si las conductas recayeren respecto de recursos hidrobiológicos extraídos en zonas prohibidas afectadas por la presencia de veneno paralizante de los mariscos (VPM), la sanción será de presidio menor en su grado máximo y multa de 50 a 100 UTM.
Lo propio en el caso de productos con toxinas derivadas de floraciones algales nocivas para la salud.
Si a consecuencia de estas conductas se produjere la muerte de alguna persona, las penas corporales se elevarán en un grado. En tanto, la multa podrá aumentarse hasta el doble del máximo señalado en cada caso.