Proyecto amplía control preventivo de identidad frente a crisis migratoria
La Comisión de Gobierno Interior continuó con el estudio del proyecto que permite la detención temporal de quienes se encuentren en una situación migratoria irregular.
La Comisión de Gobierno Interior continuó con el estudio del proyecto, de origen en moción, que modifica la ley 20.931, para ampliar el control preventivo de identidad (boletín 15270).
Lo anterior, para que Carabineros y la Policía de Investigaciones tenga nuevas herramientas en la identificación de personas migrantes irregulares o con permisos de residencia vencidos. También, para dar mejor cumplimiento a los procesos de regularización y expulsión contemplados en la Ley 21.325, de Migraciones y Extranjería.
Para opinar sobre la propuesta, participó el ex director del Servicio Nacional de Migraciones, Álvaro Bellolio. Señaló que el proyecto de ley es muy buena iniciativa, pues desincentiva el ingreso clandestino y fomenta la regularidad migratoria.
También, se enmarca dentro de los procesos administrativos de reclamación y plazos de la Ley 21.325. Asimismo, permite visibilizar potenciales antecedentes penales para generar mayores certezas en el proceso de expulsión.
Señaló que “la migración, por supuesto, es bienvenida al país y existe un acuerdo transversal. Pero siempre es relevante entender que quienes llegan a Chile deben hacerlo respetando nuestras normas y reglas”, remarcó.
La presidenta de la instancia legislativa, diputada Marta González (Ind), acordó votar en general y particular el texto en la próxima sesión. Además, recibir al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve; a la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, y a la Directora del INDH, Consuelo Contreras, para que opinen de la iniciativa.
Sugerencias
Bellolio puntualizó la necesidad de anotar la detención en el Registro Nacional de Extranjeros definido en la Ley 21.325, debido a que puede que el extranjero con ingreso clandestino no estuviera registrado. Además, indicó que es necesario establecer la necesidad de definir un domicilio físico y un domicilio electrónico.
El Registro Nacional de Extranjeros es el que tiene el mandato de revisión. “Entonces, todo proceso de denuncia, autodenuncia o control de identidad con respecto a ingresos clandestinos o que no está registrado en el sistema, debiera estar registrado en este sistema que permite tomar medidas más efectivas”, acotó.
Además señaló que se debe mencionar la revisión del convenio INTERPOL, por juicios pendientes en el país de origen o de tránsito, lo que ayuda a dar sustento jurídico para expulsiones administrativas y judiciales.
También, incentivar convenios con países de origen para el cumplimiento de condenas. Igualmente, avanzar en la promesa de Interior de simplificar las notificaciones a través del uso del domicilio electrónico.