Gobernador de la Araucanía expuso ante Comisión de Derechos Humanos
Luciano Rivas consideró como una “crisis humanitaria” la situación de violencia y terrorismo que viven los habitantes de la región. Llamó a que se radique en el Congreso Nacional la política de diálogo para iniciar un proceso de paz.
La máxima autoridad elegida de la región de Araucanía, el gobernador Luciano Rivas participó en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, para referirse a los resultados de la “Cumbre Por la Paz” realizada en abril pasado. La cita reunió a consejeros regionales y 28 de los 32 alcaldes de la región, de distintas tendencias.
En ese marco, Rivas consideró la violencia y el terrorismo que afecta a la región como una “crisis humanitaria” que va en aumento, más que un problema político. Informó que a la fecha hay 14 personas asesinadas en 2022, de las cuales 7 son mapuches.
Lamentó que el tema se esté normalizando. Recalcó que las demandas de los distintos grupos de la región no son respondidas por las autoridades del nivel central, ni por el Gobierno.
Rivas explicó que el control territorial tiene un objetivo criminal en un perímetro cerrado que va en avance, afectando al rubro forestal, a campesinos y sector agrícola, y a quienes transitan por la región. Sin embargo la impunidad alcanza al 97%, mientras que sólo se logra un 3% de condenas en más de 3 mil atentados, según fuentes del Observatorio Judicial.
Temas a resolver
Respecto al trabajo de la “Cumbre por la Paz” explicó que decidieron trabajar juntos para que las comunidades mapuches se sientan en paz y respetadas por el Estado. Lo propio para que los agricultores puedan hacer su siembra y cosecha, sin temor a sufrir un ataque incendiario, y sin que la seguridad alimentaria se vea afectada; y para que las familias puedan vivir en paz.
Planteó que entre los temas de fondo también está resolver las demandas de pueblos originarios y avanzar en la pobreza rural. El resultado debe abordar medidas en cuatro áreas: “Paz, seguridad y reconciliación”; “políticas indígenas”; “desarrollo regional” e “infraestructura e inversión pública”.
En el tema de seguridad, se pide actualizar las leyes de seguridad del Estado y antiterrorista, dar celeridad a la tramitación del proyecto que castiga la usurpación y avanzar en una ley de reparación a las víctimas de violencia rural.
Sobre política indígena se proponen cambios en la política de tierras y realizar un catastro. Además, que la compra venga acompañada de un plan de desarrollo productivo y soluciones de habitabilidad para comunidades mapuche.
En desarrollo regional se plantean instrumentos públicos para fomento y emprendimiento y la industrialización de la Araucanía. Asimismo se solicita mayor inversión en riego y atracción de inversión privada con una zona franca Araucanía.
Mientras que en Infraestructura e inversión, se propone fortalecer la cobertura de agua potable rural. En la misma línea se pide avanzar en mejoramiento y construcción de caminos y mejorar la conectividad digital, entre otros aspectos.
Reacciones
La instancia aprobó dos oficios. El primero para interceder ante el Presidente de la República y el ministro de Desarrollo Social, para que se reciba a las autoridades de la Araucanía. Asimismo, solicitar al INDH que envíe el informe sobre violaciones de DD.HH. sufridas por víctimas de la violencia rural.
En la oportunidad, las diputadas oficialistas Mercedes Bulnes (IND), Ericka Ñanco (RD) y Lorena Pizarro (PC), no estuvieron de acuerdo con la visión del gobernador, sobre que el conflicto en la Araucanía es sólo una crisis humanitaria. A su juicio, también es una crisis política que se arrastra históricamente.
Por su parte, el diputado Jorge Guzmán (EVOP) se mostró de acuerdo en que la crisis humanitaria debe abordarse desde todos los poderes del Estado y valoró el llamado al diálogo. En tanto, Johannes Kaiser (IND) consultó sobre cuántas personas han sido desplazadas de sus territorios, y si la gobernación ha presentado acciones nacionales o internacionales en materia de DD.HH.
En otro tema, la comisión recibió la opinión de María José Escudero de Fundación Ronda, sobre el proyecto de ley que actualiza las normas antidiscriminación.