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Aprueban nueva prórroga del Estado de excepción para La Araucanía y dos provincias del Biobío

La medida regirá durante quince días, como en las extensiones anteriores. Se fundamenta en los hechos de violencia que se viven en la macrozona sur.

Sala

Nuevamente, la Sala de la Cámara aprobó la solicitud presidencial para extender la aplicación de un estado de excepción constitucional de emergencia (EECE) en la macrozona sur. Rige para la región de La Araucanía y las provincias de Arauco y del Biobío, de la región del Biobío.

La primera dictación fue en mayo de este año. Luego, el Gobierno realizó una primera prórroga vía decreto (199). Posteriormente, cumpliendo el ordenamiento constitucional, solicitó el parecer del Congreso Nacional para concretar la extensión de la medida. Esto se materializó a través de ocho decretos (214, 219, 223, 231, 242, 245, 270 y 285). El último vence el 13 de octubre y la presente prórroga regirá a continuación, de ratificarse también en el Senado.

El EECE se fundamenta en la violencia que continúa afectando a los habitantes de la zona de aplicación de la medida. Según se menciona en el mensaje, esta situación afecta el orden público, así como la vida e integridad física de las/os trabajadoras/es y habitantes de esas regiones.

El texto expresa que esta situación complica el normal desarrollo de actividades económicas, impactando la ejecución de proyectos de desarrollo. Igualmente, limita el despliegue de las capacidades del sector público, disminuyendo las posibilidades de desarrollo de muchas localidades.

Se resalta que el EECE ha promovido la coordinación interinstitucional entre las policías, las FFAA y el Gobierno. Su consecuencia directa se expresa en efectos positivos en pro de disuadir la ocurrencia de eventos violentos y desórdenes.

Sin embargo, se alerta que, pese a lo anterior, “las circunstancias que motivaron la declaración de estado de excepción aún subsisten”. En tal plano, se estima necesario su prórroga por otros quince días. Se espera con ello facilitar la adopción de medidas de protección, siempre en el marco del respeto a los DDHH.

Discusión parlamentaria

Dip. Miguel Mellado

Participaron en el debate Miguel Mellado (RN), Juan Carlos Beltrán (RN), José Carlos Meza (PREP), Jorge Guzmán (Evop), Jorge Alessandri (UDI), Marcos Ilabaca (PS), Miguel Ángel Becker (RN), Gloria Naveillan (IND), Leonidas Romero (IND), Flor Weisse (UDI), Andrés Jouannet (IND), Yovana Ahumada (PDG), Henry Leal (UDI), Johannes Kaiser (UDI), Daniel Lilayu (UDI), Jaime Araya (IND), Stephan Schubert (IND), Ricardo Cifuentes (DC), Emilia Nuyado (PS), Enrique Lee (IND), Sebastián Videla (IND), Marcela Riquelme (IND), Renzo Trisotti (UDI) y Ximena Ossandón (RN).

En los discursos se valoró, en general, la presentación que hizo el Ejecutivo previo a la discusión. Se respaldó las diversas aristas y enfoques, tanto en materia de seguridad como en relación al Plan Buen Vivir (PBV). También se estimó necesario mantener la medida para avanzar en el control de la violencia y del accionar del narcoterrorismo.

Sin embargo, varias opiniones llamaron a una acción más enérgica y decidida. Algunos instaron a generar un acuerdo político transversal sobre seguridad en el país. De hecho, varios remarcaron que la violencia se ha venido instalando en varias regiones, por lo que apelaron a acciones en esas zonas.

Legisladores del norte llamaron con convicción a que se imponga un EECE en las regiones nortinas. Mencionaron que, en lo que va del año, se suman más de 30 asesinatos. Alegaron inseguridad y temor. Asimismo, relataron casos como el asalto a un tren con cobre y el robo con violación, acontecido en Iquique.

De igual modo, se pidió dar urgencia a varios proyectos en trámite y crear una ley de reparación de víctimas. Además, generar un catastro de tierras para cerrar el tema y solicitar la presencia del Presidente Gabriel Boric en la macrozona sur.

Ejecutivo

Ministra del Interior

En representación del Gobierno asistieron las ministras del Interior, de Defensa y de la Segpres, Carolina Tohá, Maya Fernández y Ana Lya Uriarte, respectivamente.

La ministra Tohá presentó ante la Sala la estrategia integral que encabeza el Gobierno. Acotó que busca enfrentar un quiebre de las confianzas con el pueblo mapuche, pero, también, con el resto de la población de la zona, por el empeoramiento de su calidad de vida y por constatarse importantes brechas sociales de más de seis puntos respecto de otras partes del país.

Sostuvo que una primera línea es aislar y enfrentar la violencia. Ello implica no solo combatir los hechos sino prevenir que se extienda o siga multiplicando. Acotó que el EECE es una de las medidas, que se quiere complementar con otras más, como el Plan de persecución del crimen organizado, cuyo consejo regional ya está operando. Ello se aúna a un plan de inversiones para mejorar la capacidad de respuesta de los organismos involucrados.

En legislación, valoró la reciente aprobación del texto que sanciona la sustracción de madera. Dijo que se espera concretar pronto un reforzamiento de las herramientas para combatir el crimen organizado.

Otra vía, que está en trabajo prelegislativo, es la presentación de una nueva modalidad de estado de excepción: “De resguardo y protección”. Sería de una duración mayor (app. 60 días) y permitiría el accionar militar con hipótesis de actuación más precisas. Además, habría una rendición al Congreso. En tanto esta nueva herramienta no esté disponible, se seguiría con la actual mecánica de renovación de los EECE actuales.

Inversiones en seguridad y PBV

Negó que el actual Gobierno no se esté haciendo cargo de las brechas heredadas de pasadas administraciones en materia de seguridad. Afirmó que ya se recuperaron mil 300 plazas en la dotación de carabineros y se evalúan estrategias para avanzar más en el tema. Junto a ello, se aportó una inversión, con recursos adicionales, para equipamiento. Ello incluye compra de camionetas blindadas; equipamiento de protección y tecnológico; y servicios de información.

Coincidió en la necesidad de llegar a un acuerdo transversal sobre seguridad y pidió apoyar las propuestas legislativas en dicha línea. Por otra parte, aseguró que la atención está puesta en todo el país y aseguró que el Presidente “no le hace el quite” a visitar La Araucanía. Dijo que espera ir prontamente, pero con respuestas concretas para la población.

También señaló que se espera avanzar en el tema de catastro de tierras. Agregó que se han desarrollo 167 encuentros con 45 comunidades para ver este y otros asuntos de su interés.

Respecto del PBV indicó que implica una inversión de 403 mil millones de pesos. Impactará en áreas como rutas; agua potable rural; canales y sistemas de regadío; y proyectos de gestión de redes. Afirmó que se espera concretar una ley que entregue metas hacia el futuro, como un compromiso del Estado y no solo de un gobierno. “No necesitamos ser blandos con la violencia para buscar soluciones más de fondo”, remarcó.