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Comisión de Gobierno Interior analizó control migratorio en pasos fronterizos del norte del país

Frente a la preocupación por la migración en el norte del país, la instancia analizó el presupuesto 2023 para el Servicio de Migraciones y aclaró denuncias sobre ingresos irregulares con representante de la PDI.

Ante la denuncia de un supuesto ingreso de migrantes por Colchane, a través de buses que no contarían con autorización para circular por la frontera, la Comisión de Gobierno Interior escuchó al jefe nacional de migraciones de la Policía de Investigaciones (PDI), prefecto inspector Roberto Toloza.

El jefe policial descartó esta denuncia y sostuvo que “podemos señalar que no hay ningún vehículo o bus no autorizado transitando por la frontera y damos fe de ello”.

Toloza explicó que una vez que se recibe a un ciudadano extranjero que ha ingresado por un paso no habilitado por carabineros en la frontera, se realizan todos los trámites administrativos de migración. Luego estas personas son trasladadas en buses al complejo situado en playa Lobitos en Iquique.

Al respecto, planteó que probablemente a esto se podría referir la citada denuncia.

Servicio Nacional de Migración

A continuación, las y los integrantes de la comisión analizaron el presupuesto asignado para el año 2023 para el Servicio Nacional de Migraciones. Esto debido a una eventual reducción del mismo, incluyendo los recursos destinados para el control de fronteras y la expulsión administrativa.

Al respecto, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, informó que el presupuesto 2023 es de continuidad respecto del presente año. Este asciende a 17 mil 123 millones de pesos. “Es prácticamente el mismo monto que año pasado”, sostuvo.

Añadió que el proyecto de presupuesto tiene una reducción de 309 millones que corresponden a los Programas de Inclusión. Pero, hay un aumento de un 2% (equivalente a un poco más de 90 millones de pesos) para el financiamiento de las expulsiones que materializa la PDI.

El director Thayer señaló, sobre el punto, que el grueso de las expulsiones es de carácter judicial y no administrativa. “Desde el 11 de marzo se han materializado 652 expulsiones”, remarcó.

Además, informó que desde el 2 de abril del presente año se han emitido 1.231 resoluciones de inicio de procedimiento de expulsión administrativa. Agregó que “desde el 2013 a la fecha, el promedio de expulsiones, asciende a 1.500 expulsiones al año”.