Ejecutivo anuncia indicaciones a proyecto que modifica la ley antidiscriminación
El proyecto radicado en la Comisión de Derechos Humanos, modifica la actual normativa para fortalecer las medidas contra la discriminación. Las indicaciones del gobierno apuntarían a modificar el procedimiento de acción judicial.
La Comisión de Derechos Humanos continuó con la revisión del proyecto que modifica y fortalece la ley 20.609, que establece medidas contra la discriminación (boletín 12748).
La iniciativa, originada en una propuesta de senadores/as, busca actualizar la actual normativa, conocida como ley Zamudio, para fortalecer la prevención de la discriminación, así como promover y garantizar de mejor manera el principio de igualdad.
Para ello, el texto plantea dotar de mayor eficacia a la acción de no discriminación e introduce modificaciones en materia de procedimiento judicial.
Indicaciones del Ejecutivo
Al exponer ante la comisión, la subsecretaria de Derechos Humanos, Haydee Oberreuter, dijo que la actual normativa fue un avance relevante. Precisó que esta norma, surgida tras el asesinato de odio contra Daniel Zamudio, marcó un antes y un después.
Sin embargo, a casi siete años de su vigencia, indicó que el mecanismo judicial ha sido poco efectivo para erradicar los actos y omisiones de discriminación arbitraria. Al respecto, informó que, según la División de Estudios de la Corte Suprema, a agosto de 2021, de 468 procesos civiles, solo 274 cuentan con sentencia definitiva. A partir de ello, anunció la presentación de indicaciones al proyecto en trámite, en materia procesal civil.
Estas fueron adelantadas por Mario Bustos, jefe del Departamento Normativo de la subsecretaría. El personero explicó que esperan terminar con la incompatibilidad de la acción tutelar y la acción constitucional de protección. Asimismo, limitar las suspensiones de audiencia e incluir la reserva de la acción indemnizatoria de perjuicios.
Bustos señaló que, actualmente, existe un desincentivo a la litigación, porque si pierde el denunciante debe pagar las costas del proceso. Además, la presentación de las pruebas es compleja para el ente persecutor.
Por su parte, Esteban Miranda, del área de diversidad de la subsecretaría, indicó que estudian avanzar en una institucionalidad que aborde la discriminación desde una dimensión preventiva, que verifique su implementación y el seguimiento de la ley. Del mismo modo, tener una coordinación intersectorial.
Además, planteó que se debe dar tratamiento a las denuncias y su derivación. Y, que los crímenes de odio sean perseguidos penalmente y tengan respuesta oportuna. Sin embargo, este tema se considera para los próximos meses.
Reacciones parlamentarias
El diputado Jorge Guzmán (Evópoli) fue muy crítico con la autoridad. Afirmó que el Ejecutivo no ha estado presente en la tramitación de esta reforma que tiene respaldo transversal, ya que han pasado meses y aún no existe un lineamiento claro.
En tanto, la diputada Lorena Fries (IND) sostuvo que una institucionalidad implicaría un informe financiero.
A su vez, Mercedes Bulnes (IND) planteó una serie de dudas sobre el procedimiento judicial, por lo que solicitó poder acordar con el Ejecutivo las indicaciones.
Comunidad Evangélica
La instancia también escuchó la exposición de Esteban Barahona, de la Comisión Nacional Evangélica por la Familia y la Vida. Este manifestó ciertas aprehensiones con la reforma, principalmente en el cambio de la definición de discriminación arbitraria que incluye el concepto de “preferencia”. A su juicio, esto puede afectar la libertad de expresión y conciencia. Agregó que el cambio hace que no sea necesario que la acción produzca algún daño.
Por otro lado, criticó que las multas sean desproporcionadas y lleguen hasta 500 UTM (30 millones de pesos). También, que se considere discriminación arbitraria a todo acto, práctica y/o tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico o de cualquier otra naturaleza que tenga como objetivo modificar la orientación sexual o la identidad y expresión de género de una persona.
Afirmó que, esto último, podría afectar la autonomía de la voluntad y el retracto en el cambio de género de una persona.
La votación general del proyecto, que estaba fijada para hoy, se postergó hasta el 25 de octubre, con el fin de recibir a los tres últimos invitados pendientes.