Aprueban legislar reforma que fortalece medidas contra la discriminación
Antes de la votación general del proyecto, la Comisión de Derechos Humanos culminó el período de audiencias con la exposición de sus últimos invitados.
En votación dividida, la Comisión de Derechos Humanos aprobó la idea de legislar del proyecto que modifica y fortalece la ley 20.609, que establece medidas contra la discriminación (boletín 12748). El texto contó con el respaldo de seis parlamentarios/as oficialistas y uno de oposición, y con el voto en contra de cinco legisladores/as de oposición.
Al respecto, la diputada Érika Ñanco (RD) manifestó que la tarea que tienen es legislar y que para avanzar se deben zanjar las diferencias. En tanto, la presidenta de la instancia, Lorena Pizarro (PC), indicó que la iniciativa es perfectible y es un tema sensible para la población.
Por el contrario, el diputado Johannes Kaiser (IND) consideró que el proyecto es ideológico y expresa voluntades políticas inconfesadas; mientras que la legisladora Ximena Ossandón (RN) sostuvo que propone cambios excesivos que van en contra de la igualdad de las personas, lo cual sería contradictorio.
La iniciativa -presentada por senadores/as- busca actualizar la actual normativa conocida como Ley Zamudio. Su objetivo es fortalecer la prevención de la discriminación y promover y garantizar de mejor manera el principio de igualdad. Para ello, dota de mayor eficacia a la acción de no discriminación que consagra la referida ley.
Observatorio Legislativo Cristiano
La directora del organismo, Marcela Aranda, -quien dijo representar al pueblo cristiano protestante-, sostuvo que, con la ampliación del concepto de discriminación, los derechos humanos pueden colisionar con los derechos fundamentales.
Otro punto que cuestionó es que se considere discriminación arbitraria a un tratamiento médico, sicológico o psiquiátrico que tenga como objetivo modificar la orientación sexual o identidad y expresión de género. Al respecto, consideró que con ello se inhabilita la libertad de decidir con autonomía de los adultos. Sobre el punto, ejemplificó con la experiencia de otros países donde se han producido procesos opcionales de retroceso en el cambio de sexo.
Aranda también se refirió a los grupos de especial protección y las acciones afirmativas de parte del Estado. A su juicio, estos son grupos autodefinidos bajo un lobby brutal, financiado por empresas a nivel global.
Aseguró, finalmente, que estamos ante una legislación sesgada y totalitaria de la Agenda 2030; la cual calificó como una especie de discriminación “progre” contra quienes no están de acuerdo con el aborto o la eutanasia, por ejemplo.
Derecho Civil
Por su parte, el abogado de la UC Patricio Cuevas, se refirió a aspectos del derecho civil y la acción de indemnización de perjuicio. En esa línea, alertó sobre varios aspectos.
En primer término, se refirió a la apertura de la acción civil no sólo para quien tiene interés legítimo en ello, sino a quien sufre daños indirectos o reflejos. El tema, sostuvo, es extraño en la responsabilidad civil, ya que es complejo interponer una acción de interés colectivo.
Al respecto, consideró que se puede crear una industria del litigio. Por eso, manifestó su preocupación por la eliminación del “denunciante temerario” presente en la normativa actual.
Además, declaró inquietud por la interposición de la acción de manera verbal y recordó la sobrecarga de causas en los tribunales civiles. Asimismo, planteó que es grave la forma en que se aprecia la prueba y el que se establezca un monto mínimo de indemnización.
Finalmente, el jurista sostuvo que, a su juicio, la iniciativa no funciona desde el punto de vista del derecho civil, pero que con ciertas indicaciones podría acercarse a algo más razonable.