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Sala propuso al Ejecutivo medidas para avanzar en seguridad y control de la delincuencia

A través de tres resoluciones se propone aumentar la bonificación de riesgo percibida por carabineros; incrementar el presupuesto del Ministerio Público; y reactivar la agenda legislativa relativa a seguridad pública.

Dip. Jaime Araya

Por medio de tres resoluciones, la Sala de la Cámara efectúa diversas propuestas al Presidente de la República para avanzar en temas relacionados a seguridad y control de la delincuencia.

La resolución 310 se aprobó por 126 votos a favor y 2 abstenciones. En ella se solicita disponer el aumento permanente de la Bonificación de Riesgo percibida por el personal de nombramiento institucional de Carabineros de Chile. La idea es homologarla a los montos asignados al personal de nombramiento supremo.

El documento explica que, dentro de los ítems de haberes, se encuentra la citada bonificación. En el caso del primer grupo el monto varía entre 95.024 pesos mensuales y 134.260 pesos mensuales. Por el contrario, el bono para el Personal de Nombramiento Supremo varía entre 182.000 pesos a 249.694 pesos.

Se resalta que son los funcionarios de la Planta de Personal de Nombramiento Institucional los que concurren a los procedimientos. Así, son ellos los que se someten a situaciones de alto riesgo, muchas veces con desenlaces fatales.

Por ello, se estima de toda justicia que estos funcionarios perciban un monto mayor por el ítem de Bonificación de Riesgo.

La resolución es una propuesta de las y los independientes Jaime Araya, René Alinco, Carlos Bianchi, Marta González, Cristián Tapia y Héctor Ulloa; y PPD Carolina Marzán, Helia Molina y Raúl Soto.

Ministerio Público

Dip. Marcos Ilabaca

La resolución 465 se aprobó por la unanimidad de 137 votos a favor. La promovieron desde la bancada PS Marcos Ilabaca, Ana María Bravo, Daniella Cicardini, Tomás De Rementería, Raúl Leiva, Daniel Manouchehri, Daniel Melo, Juan Santana y Nelson Venegas.

El documento llama al Gobierno a incorporar en la Ley de Presupuestos del año 2023 los recursos económicos que sean necesarios para aumentar, al menos en 300 cupos, la dotación de fiscales del Ministerio Público, asistentes y administrativos del organismo.

La idea es que el proceso de investigación y persecución penal en nuestro país sea más eficaz. Esto, atendiendo la sobrecarga de trabajo que presentan los funcionarios, manifestada por la Asociación de Fiscales.

Asimismo, se insta a que envíe al Congreso Nacional un proyecto de ley que modifique la Ley Orgánica Constitucional de esta institución. El objetivo es que en dicho cuerpo normativo se materialice el aumento en la dotación planteado.

“La presente solicitud la realizamos con el firme compromiso de contribuir a una de las más sentidas demandas de la población: El derecho a vivir en un ambiente seguro y libre de la delincuencia, donde los hechos punibles sean investigados, perseguidos y sancionados adecuadamente”, remarca el texto.

Agenda de seguridad

Dips. Luis Sánchez y José Carlos Meza

La resolución 466 se ratificó por 79 votos a favor, 29 en contra y 28 abstenciones. La presentaron desde la bancada republicana José Carlos Meza, Chiara Barchiesi, Juan Irarrázaval, Harry Jürgensen, Johannes Kaiser, Benjamín Moreno, Mauricio Ojeda, Agustín Romero, Leonidas Romero y Stephan Schubert.

En el texto se destaca el deber del Estado de resguardar la seguridad nacional y dar protección a la población. Luego, se hace mención a datos entregados a través del Sistema Táctico de Operación Policial (STOP). Allí se da cuenta que, en lo que va del año 2022, se han registrado 638 homicidios. Esto representa una variación del 54% respecto al año anterior. Además, se registraron 205.731 robos y 80.121 hurtos, implicando un incremento del 59% y 48%, respectivamente.

En tal contexto, se estima fundamental que el Ejecutivo de urgencia al despacho de algunos proyectos de ley relacionados a seguridad pública. Se requiere una respuesta rápida y contundente, enfatiza el documento.

En el listado se mencionan doce proyectos de ley. Entre ellos están la modernización del sistema de inteligencia; el que otorga fuero a funcionarios de carabineros y PDI; para la reconducción inmediata de extranjeros detenidos por delito flagrante; el que otorga reparación a las víctimas en la macrozona sur; sobre persecución del narcotráfico y crimen organizado; y respecto de ciberseguridad.