Comisión inició el análisis de propuesta que define la legítima defensa privilegiada para las policías
Para su estudio, la Comisión de Seguridad Ciudadana contó con la participación de autoridades de ambas policías, así como del Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública.
La Comisión de Seguridad Ciudadana inició la discusión de un proyecto (boletín 15444) que modifica el Código Penal. La finalidad es establecer la legítima defensa privilegiada en actuaciones vinculadas al ejercicio de la función policial.
El texto señala que, considerando las instrucciones establecidas, actualmente, para la legítima defensa, como el principio de legalidad, proporcionalidad y necesidad, subsiste una dificultad en términos de la jerarquía normativa de tales reglas.
Por ello, a juicio de los autores, resulta necesario regular las situaciones de mayor gravedad que puedan conllevar un riesgo a la integridad física y la vida del funcionario policial o de terceros. La idea, es efectuar una adecuada protección del ordenamiento jurídico mediante una nueva hipótesis de legítima defensa privilegiada.
En esta nueva hipótesis se recogen, expresamente, los casos en los cuales se encuentran absolutamente exentos de responsabilidad criminal aquellos funcionarios que llevan a cabo conductas para repeler agresiones con riesgo a su integridad o la de terceros. Asimismo, cuando impidan la consumación de graves delitos.
El presidente de la instancia, diputado Raúl Leiva (PS), apuntó que, actualmente, estamos viviendo temas complejos en cuanto a seguridad y es necesario tomar acciones. “Hay una situación anormal en cuanto a la legítima defensa. Hoy no hay ningún respeto a la función de las policías y, por eso, buscamos entregarle proporcionalidad”, planteó.
Similar visión manifestó el parlamentario Henry Leal (UDI). “Hoy los carabineros se ven imposibilitados de actuar y de solo desfundar su arma ante el ataque de una turba, por ejemplo. Necesitamos que no se sientan inhibidos. Es importante que el Ministerio Público nos pueda sugerir cambios para precisar la norma”, evaluó.
Visión de los invitados
El general director de Carabineros de Chile, Ricardo Yáñez, dijo que el texto, claramente, es un avance. “Con este proyecto se presumen los requisitos de legítima defensa que tiene cualquier persona en el país, pero que no está considerado para las policías”, planteó.
Recordó que “al cabo Carlos Retamal lo mataron con un objeto contundente y no era un arma de fuego”. De igual modo, remarcó que ya se han enterrado a seis carabineros este año.
En ese sentido, el general Yañez estimó que queda pendiente analizar lo que sucede con los conductores y pilotos de helicópteros. “En ellos recae todo el peso de la ley ante un siniestro por actos de servicios. Incluso deben hacerse responsable de los daños fiscales y civiles”, precisó.
Fiscalía y Defensoría
El fiscal nacional (S), Juan Agustín Meléndez, señaló que poner en discusión el tema es clave y se valora. No obstante, consideró que es complicado igualar los estándares policiales con los de las personas, en general. Esto, en cuanto a la legítima defensa. “Además, presumir una agresión ilegítima es complejo”, puntualizó.
Leonardo Moreno, asesor legislativo de la Defensoría Penal Pública, indicó que el texto requiere una revisión sistemática y una clarificación. “La legítima defensa privilegiada siempre ha sido un tema debatido e incluso para muchos docentes es inútil”, afirmó.
Moreno dijo que, además, hay elementos que generarán debates judiciales, ya que hay cosas que se deberán resolver en un juicio. Alertó que la medida puede entrar en conflicto desde las perspectiva de la Constitución, “puesto que el uso de un arma no puede ser una carta blanca por parte de las policías”.
Desde la Policía de Investigaciones (PDI) señalaron que es importante hacer algunas precisiones en la propuesta legal. Consideraron que la idea es abarcar todo tipo de agresiones, por ejemplo, cuando el policía debe rechazar algún acto de violencia.
Expulsión de inmigrantes
La instancia, además, comenzó la votación en particular del proyecto que modifica la Ley 18.216, para ampliar las hipótesis de expulsión como pena sustitutiva (boletín 15408).
En la oportunidad, se aprobó una indicación que va en la línea de ampliar el catálogo de delitos de expulsión y otra que busca entregar una mayor clarificación a la norma.
Las y los diputados acordaron conformar una mesa técnica de asesores con el propósito de consensuar y analizar las indicaciones. Así, se espera despachar el texto el lunes 14 de agosto.
El proyecto del Ejecutivo plantea su preocupación por el hacinamiento carcelario y el incremento de la población penitenciaria, sobre todo en las cárceles del norte del país, donde existe un alto porcentaje de personas extranjeras, tanto en prisión preventiva como condenadas.