Comisión respalda en general proyecto sobre derecho al olvido en materia financiera
El proyecto, que se debate al interior de la Comisión de Economía, establece garantías para eliminar los datos personales financieros de deuda o morosidades de los usuarios, cuando no existan razones legítimas para ser conservados.
Aprobado en su idea de legislar quedó el proyecto de ley sobre derecho al olvido en materia financiera. La norma, entre otros puntos, establece deberes, obligaciones y sanciones a las entidades financieras (boletín 15407).
El derecho al olvido permitirá que los usuarios puedan acceder a la eliminación de sus datos personales financieros de deuda o morosidades, cuando no existan razones legítimas para que sigan siendo conservados.
Así, se entenderá como registro histórico de deuda el documento físico o electrónico que contiene la información individualizada de las personas, aun cuando las deudas ya no son exigibles.
La propuesta establece que toda persona natural o jurídica que mantenga este tipo de registros deberá eliminar aquella información tras cinco años o más desde la mora o retardo; o cinco años o más, desde que la respectiva obligación se hizo exigible. Es decir, en general, eliminar toda información de obligaciones que son inexigibles legalmente.
Además, se establece la obligación de las entidades bancarias y financieras de justificar, fundadamente, la negativa a otorgar un determinado servicio o producto financiero. Esta deberán entregar esta justificación por escrito, y dentro del plazo de 15 días desde realizada la solicitud.
En caso de infracción, serán sancionadas con una multa de mil 250 UTM, si se acredita que no han eliminado dicho registro histórico.
Exposiciones
En el marco de este debate expuso el superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, Hugo Sánchez. La autoridad dio a conocer las cifras de deudores morosos y los reclamos recibidos por parte de usuarios y usuarias. (Ver exposición)
Explicó que los usuarios han sido sido sujeto de restricciones al momento de solicitar algún producto bancario, pese a estar renegociando o haber llegado a acuerdos con los acreedores.
Por su parte, el presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios, ODECU, Stefan Larenas, planteó el mal uso de los datos personales y lamentó la inexistencia de una agencia independiente.
En esa línea, manifestó que el proyecto va en el sentido correcto. Propuso, adicionalmente, que toda negativa de venta deba ser justificada por escrito, basada en parámetros objetivos y, que en todo caso, no pueda ser arbitrariamente discriminatoria. Asimismo, que la falta de justificación por escrito hará presumir su carácter contravencional. (Detalles aquí)
La comisión también escuchó al presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, José Manuel Mena.
El personero afirmó que la propuesta de eliminar la información de más de cinco años, impedirá el correcto cumplimiento normativo y, además, generará un deterioro en la gestión de riesgo.
Añadió que el proyecto elimina como variables para la evaluación de crédito los registros de deuda positiva y negativa. Al respecto, recalcó que esta información es esencial para determinar la capacidad de pago de los clientes. (Revisar antecedentes)