Despachan presupuesto del Ministerio Público con compromiso de reforzamiento institucional
En el contexto del protocolo de acuerdo firmado en instancias de la Comisión Mixta de Presupuesto se definió que se conformará una mesa de trabajo para avanzar en esa materia una vez que sea elegido el fiscal nacional. En la oportunidad, también se aprobaron los recursos del Servicio Electoral.
En línea con lo definido en el protocolo de acuerdo firmado durante el desarrollo de la Comisión Mixta de Presupuesto, la Sala de la Cámara respaldó la partida del Ministerio Público (boletín 15383), que consigna montos por $232.214 millones y una variación total de 2,7%, respecto al presupuesto vigente.
El acuerdo en esta materia tuvo su origen en el rechazo de los gastos variables de la institución en la instancia previa. Aquello fue consecuencia de la crítica sostenida y amplia sobre la falta de recursos para la contratación de más fiscales a nivel nacional.
Conforme a lo indicado en el trámite, cada fiscal, en promedio, lleva 1.750 causas. Ello es el doble de lo proyectado idealmente. Se estima que, con los actuales datos, existe un déficit de casi 330 fiscales respecto del número ideal de causas a abordar.
La idea definida en el citado acuerdo implica un reforzamiento de la entidad una vez que sea electo el nuevo fiscal nacional. Tras dicho evento, se conformaría una mesa de trabajo para definir la nueva dotación. Luego, esa propuesta se presentaría a través de una reforma a la ley orgánica constitucional del organismo que se ingresaría a trámite al Congreso Nacional.
Datos relevantes
Con los dineros contemplados en la partida se financiarán las operaciones de la entidad cuya dotación se mantiene desde 2015. Esto es, 4.400 personas: 791 fiscales (incluye al fiscal nacional, fiscales regionales y adjuntos) y 3.609 funcionarios.
Según se explicó durante el trámite de esta partida, la tipología delictual ha ido aumentando en su complejidad. Esto se ha traducido en un problema de dotación, que solo podría ser incrementada mediante una modificación de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público.
Otros antecedentes aportados revelan que la tasa de homicidios creció en Chile. Pasó de 3 a 6 cada 100.000 habitantes. Junto a esta situación, se ha complicado el tema de la investigación. Así, de 10 homicidios casi 6 no son esclarecidos.
Finalmente, entre otros datos, se indicó que el presente presupuesto permitirá la renovación del sistema informático Red de Gestión Penal. Tiene por objeto estandarizar procesos de investigación y asignación de causas, así como obtener mejor información de su estado de tramitación. También hay un incremento del presupuesto destinado a la seguridad integral de fiscales, funcionarios y de sus inmuebles. Además, continúa la operación del Fondo de Atención de Víctimas y Testigos, que obtuvo un incremento de 6,7%.
Debate
En la discusión de esta partida se insistió en la necesidad de reforzar la dotación de la entidad y de mejorar la investigación criminal. Se recordó que el tema de la seguridad es una de las primeras prioridades de la ciudadanía y que para ello se requiere que el ente persecutor cuente con las herramientas mínimas para cumplir su tarea. Junto al aumento de fiscales, los legisladores insistieron en la creación de una fiscalía de alta complejidad.
Para algunos, los acuerdos fijados son aun insuficientes y se pidió adelantar la reforma. También se sugirió la posibilidad de la contratación de personal a honorarios.
Asimismo, se planteó la necesidad de fijar evaluaciones internas y externas, hecho que, incluso, se propuso a través de una indicación. Sin embargo, ella se rechazó por no alcanzar el quórum necesario de aprobación.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, en tanto, recordó que el aumento de dotación requiere necesariamente de una modificación legal permanente. Así, planteó que no es posible entregar recursos para ese fin por la vía de la Ley de Presupuesto, sin antes fijar la cantidad de cargos a cubrir o las nuevas fiscalías que se crearían. En todo caso, reafirmó la voluntad del Ejecutivo de avanzar en la materia comprometida para mayo de 2023.
Asimismo, precisó que en materia de seguridad también se encuentran recursos comprometidos en la cartera de Interior para identificación biométrica, en el Tesoro público para procesar causas pendientes.
Intervinieron Juan Fuenzalida (UDI), Andrés Longton (RN), Felipe Donoso (UDI), Marcos Ilabaca (PS), Francisco Undurraga (Evop), Johannes Kaiser (IND), Ricardo Cifuentes (DC), Gloria Naveillan (IND), Gustavo Benavente (UDI), Leonardo Soto (PS), Jorge Guzmán (Evop), Joanna Pérez (DC), Agustín Romero (PREP) y Juan Antonio Coloma (UDI).
Servel
En cuanto a la Partida relativa al Servicio Electoral, también aprobada, considera ingresos y gastos por $25.484 millones. Esto implica una variación negativa total de -55,7%. Esto se explica porque en 2022 se consideraron los fondos para la elección presidencial y parlamentaria, así como para el plebiscito de salida del proceso constitucional.
Se proyecta que el Servel siga en el camino de la modernización, impulsando un proceso de transformación digital para el período 2022-2026. El objetivo es brindar un servicio confiable, cercano, imparcial, eficiente e innovador.
Se votó sin debate, alcanzando un apoyo unánime.