Comisión de Salud analizó demandas del Colegio Médico frente al reajuste del sector público
Para este debate, el grupo parlamentario recibió al presidente del Colegio Médico, quien sostuvo que están por la aplicación del reajuste de 12% sin discriminar a los profesionales de los sectores de la salud. También recibieron al Sindicato de Trabajadores a Honorarios de la Subsecretaría de Redes Asistenciales.
La Comisión de Salud analizó las demandas del Colegio Médico frente al reajuste del sector público. Para ello, recibió al presidente de la entidad gremial, Patricio Meza, quien indicó que “es un reajuste discriminatorio”.
El acuerdo entre el Ejecutivo y los trabajadores públicos establece un reajuste de un 12% a todo sueldo igual o menor a 2 millones 200 mil pesos brutos mensuales. Mientras que, los funcionarios que perciben una renta superior, recibirán un reajuste fijo de 264 mil pesos mensuales.
De manera transversal, las/os diputados compartieron las demandas expuestas. Señalaron que se deben encontrar nuevos mecanismos para mejorar las remuneraciones de los médicos y profesionales para potenciar la salud pública.
Al respecto, el diputado Daniel Lilayu (UDI) señaló que es un desincentivo sobre todos para las especialistas que se necesitan en el país. “Estamos hablando de un reajuste, no de subir los sueldos. Debemos oficiar y transmitir al Presidente Boric que la salud se hace con las personas y no en contra de los profesionales. Hay que fortalecer al sector”, enfatizó.
Por su parte, la diputada Helia Molina (PPD) dijo que es justa la demanda del Colegio Médico. Agregó que, es imprescindible encontrar una buena propuesta que genere que menos ruido. “Hay que buscar un mecanismo político y estratégico con el Ministerio de Salud para mejorar las condiciones económicas para el personal”.
El presidente de la instancia, diputado Tomás Lagomarsino (IND), acordó destinar una sesión especial para debatir otros mecanismos que incentiven la permanencia de los médicos en el sistema público.
Mirada del Colegio Médico
Patricio Meza, manifestó su descontento por este reajuste de remuneraciones. Señaló que fueron excluidos, igual que en años anteriores, de los reajustes generales, por debajo del IPC anual”.
Además, informó que los médicos también fueron excluidos del bono post laboral de la ley 20.305 y que los médicos de los hospitales públicos no recibieron el bono Covid.
“Se excluyó a los que estuvieron en UCI y en urgencias durante la pandemia (…); esto en la práctica representa una disminución sostenida de las remuneraciones, tal como ocurre hoy como consecuencia de la inflación acumulada durante el último año, que asciende a más del 13%”, informó.
Explicó, a su vez, que 22 mil médicos se desempeñan en los Servicios de Salud del país, los cuales enfrentan, tras los dos años de pandemia, un deterioro de su salud física y mental.
Añadió que existen dos millones de pacientes en listas de espera y alrededor de 400 mil cirugías pendientes. “Esto se traduce en una profunda insatisfacción y un debilitamiento del sistema público que se quiere impulsar, con muchos profesionales que se trasladan al sector privado y que son altamente capacitados”, remarcó.
Redes Asistenciales
La instancia también escuchó a Karol Rogers, representante del Sindicato de Trabajadores a Honorarios de la Subsecretaria de Redes Asistenciales. La dirigenta expuso, en particular, la situación de incertidumbre laboral de psicólogas/os del Hospital Digital.
Frente a este tema, la diputada Ana María Gazmuri (IND) sostuvo que es una situación preocupante. Afirmó que el programa SaludableMente, que tiene como objetivo ayudar a la ciudadanía y entregar información para mejorar la salud mental y el bienestar psicosocial de las personas, cumplió una labor importante.
Acotó que el Ministerio de Salud está responsabilizando de las fallas de las atenciones telefónicas a las psicólogas/os y no a la plataforma que brinda el servicio.
Agregó, que es inconcebible que a los profesionales se les pida trabajo presencial si la mayoría son de regiones. “Me parece que ha habido mucha desprolijidad en cómo se ha gestionado esta situación”.
Karol Rogers, en tanto, remarcó que están solicitando dejar sin efecto el despido de los profesionales desvinculados. Además, reconocer y formalizar derechos laborales fundamentales como el uso y protección de la maternidad. Asimismo, mantener la modalidad de teletrabajo, pues la mayoría de los trabajadores no viven en la capital.
Finalmente, argumentó que lamentablemente la relación laboral ha estado enmarcada, desde la instrumentación, como agentes tecnológicos que contestan llamados y no como profesionales de salud mental que brindan atención a la toda la población del país.