Sala aprobó nueva prórroga del estado de excepción de la macrozona sur
En la sesión, las y los diputados llamaron a proteger el periodo de cosechas y los emprendimientos en turismo, hacia donde se han derivado los focos de los ataques. También se insistió en la necesidad de aplicar un estado de excepción en el norte, a lo cual el Ejecutivo informó que se ingresará en enero un proyecto para avanzar por la vía de infraestructura crítica.
La Sala de la Cámara apoyó, nuevamente, la solicitud presidencial para extender la aplicación de un estado de excepción constitucional de emergencia (EECE) en la macrozona sur. Como en las ocasiones anteriores, regirá para la región de La Araucanía y las provincias de Arauco y del Biobío.
La propuesta, enviada ahora al Senado, se respaldó por 77 votos a favor, 36 en contra y 25 abstenciones.
En el debate participaron Renzo Trisotti (UDI), Miguel Mellado (RN), Gastón Von Mühlenbrock (UDI), Johannes Kaiser (IND), Jorge Rathgeb (RN), Mauricio Ojeda (IND), Miguel Ángel Becker (RN), Lorena Pizarro (PC), Cristóbal Urruticoechea (PREP), Jorge Guzmán (Evop), Gloria Naveillan (IND), Juan Carlos Beltrán (RN), Flor Weisse (UDI) y Andrés Jouannet (IND).
Legisladores de la zona de aplicación de la medida pidieron a sus colegas apoyar la extensión. Varios instaron también al Gobierno a ser más drásticos en las acciones, dada la persistencia de hechos de violencia.
Asimismo, se llamó a dar una especial protección al mundo rural, atendiendo el inicio del periodo de cosecha. Igualmente, a los emprendimientos turísticos, que han sido objeto de atentados en el último tiempo, así como los parques nacionales.
Del mismo modo, se solicitó atender la situación del norte de Chile, que presenta incrementos cada vez mayores de violencia y delincuencia. Se estimó que son por los pasos fronterizos de esta zona por donde ingresan delincuentes que, luego, se van instalando en diversas regiones del país. Así, se espera un mayor control de la migración ilegal y medidas más enérgicas para combatir a las bandas criminales.
Desde el PC, en tanto, se sostuvo que el control de la delincuencia no puede implicar sobrepasar los DDHH de las personas. Inquirió, además, que el Estado se haga cargo de eliminar las brechas de desigualdad en el país y de enfrentar la injusticia social.
Ejecutivo
Asistieron en representación del Gobierno las ministras del Interior, Defensa y Segpres, Carolina Tohá, Maya Fernández y Ana Lya Uriarte, respectivamente.
Tohá defendió que las cifras entregadas por el Gobierno provienen de las estadísticas policiales. Ellas, acotó, dan cuenta de una reducción de un 42% de las acciones violentas con la aplicación del EECE. Sin embargo, reconoció que los hechos de violencia continúan y, en ello, justificó la mantención de la medida.
De hecho, confidenció que se espera mantener la medida, al menos, por todo el verano. “No lo vamos a retirar, cuando pensamos que podemos tener un retroceso”, planteó.
Insistió en que hay un plan vigente en acción, donde el EECE es solo una arista. Otras líneas avanzan en refuerzos para los organismos de seguridad; adquisición de tecnología; agilización y protección de inversiones públicas; y diálogo político.
Respecto de seguridad pública, observó que el plan contra el crimen organizado, recién presentado a la opinión pública, es producto de un trabajo mancomunado de 17 organismos que viene desde mayo. Incluye diez líneas, muchas de ellas solicitadas por el Congreso Nacional. Entre ellas están: gobernanza en materia de crimen organizado; acciones para desbaratar económicamente las bandas; enfrentar el poder de fuego de estos delincuentes; más y mejor tecnología; y asuntos relativos a probidad.
Remarcó que la mesa sobre seguridad va en un carril paralelo, abordando otras materias como, por ejemplo, las de índole legislativo. Así, adelantó que se espera ingresar una indicación, que tendría apoyo transversal, para destrabar la Ley de usurpaciones. También en lo referente a enmendar la Ley antiterrorista. Junto a ello, ver por una vía administrativa cómo se generan exenciones al pago de contribuciones para víctimas de la violencia en el sur.
Situación del norte
La ministra del Interior reconoció que en el norte hay un problema severo. Pero llamó a reflexionar si queremos tener gran parte del país con un EECE, con las implicancias que ello acarrea
En tal plano, afirmó que hay diversas acciones en curso. Una de ellas es la implementación de un sistema integrado móvil de control de fronteras. Este mecanismo incluye el uso de cámaras térmicas, útiles especialmente de noche. También se mejorarán los puestos de control fronterizos.
Indicó que se esperaba ingresar, a fines de noviembre, el anunciado proyecto de infraestructura crítica. Pero reconoció que hubo dificultades en su diseño. Pese a ello, aseguró que se materializaría en enero. Esta propuesta, recordó, permitirá el uso de las FFAA en materias de seguridad sin la necesidad de recurrir a un EECE. Además, habría un control civil y no se restringirían las garantías constitucionales.
Fundamentos de la solicitud
El EECE tiene su sustento en la violencia que continúa afectando a los habitantes de la zona de aplicación de la medida. Según la solicitud, esta situación afecta el orden público y la vida e integridad física de los habitantes y trabajadores/as de esas regiones.
Asimismo, se expresa que esta situación complica el normal desarrollo de la vida y de las actividades económicas del territorio.
Se resalta que el EECE ha promovido la coordinación interinstitucional entre las policías, las FFAA y el Gobierno. La consecuencia de ello se expresa en efectos positivos en pro de disuadir la ocurrencia de eventos violentos y desórdenes.
Sin embargo, se alerta que las circunstancias que motivaron la declaración de estado de excepción aún subsisten. En tal plano, se estima necesario su prórroga por otros quince días. Se espera con ello facilitar la adopción de medidas de protección, siempre en el marco del respeto a los DDHH.
Cabe recordar que la primera dictación de EECE fue el 16 de mayo de este año (decreto supremo 189). Luego, el Gobierno realizó una primera prórroga (DS 199) y, posteriormente, solicitó el parecer del Congreso Nacional para concretar su extensión. Esto, cumpliendo el ordenamiento constitucional que exige este procedimiento.
Tras la aprobación de cada solicitud, la prórroga se materializó a través de otros trece decretos supremos (214, 219, 223, 231, 242, 245, 270, 285, 296, 307, 320, 335 y 356). El último vence el 27 de diciembre y la presente extensión regirá seguidamente, de ratificarse también en el Senado.