Ministro Jackson planteó improcedencia de acusación constitucional en su contra
El secretario de Estado presentó por escrito la contestación del libelo acusatorio en la comisión constituida para analizar su procedencia. La instancia, además, recibió a la exseremi de Desarrollo Social de la RM, Patricia Hidalgo, junto con otros invitados.
“La presente acusación constitucional no cumple con ninguno de los requisitos que harían posible su procedencia”. Con estas palabras, el ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, solicita que se declare inadmisible la acusación constitucional en su contra.
En un documento presentado en la comisión que analiza la procedencia del libelo acusatorio, el ministro usó su derecho de deducir la cuestión previa. En él argumentó las razones de la improcedencia esta acusación.
El texto asegura que se utiliza esta herramienta para realizar juicios de mérito. Esto, sin describir “hechos que adviertan la responsabilidad personal de este ministro”. Junto a esto, agrega que el libelo no cumple con un estándar mínimo de fundamentación que permita ejercer plenamente el derecho a defensa.
Además, junto a otros argumentos, señala que en la acusación comprende erróneamente la causal de infracción a la Constitución o las leyes. Esto para otorgarle un contenido que resulta conveniente solo a los fines de los acusadores, lo que desnaturaliza los requisitos de procedencia.
Fondo de la acusación
Más de dos tercios del documento presentado por el ministro Jackson se centran en responder las imputaciones presentadas en su contra. En una primera parte, expone cuáles son las funciones de un ministro y también los vínculos con las Secretarías Regionales Ministeriales.
Luego, en el análisis de los capítulos acusatorios, asegura que no se ha dejado sin ejecución ninguna de las leyes descritas en el libelo. Lo anterior, tanto en materia de la llamada Agenda Indígena, como en la implementación del sistema de protección especializada a la niñez y adolescencia.
Junto a aquello, aseguró no haber vulnerado el principio de probidad. Tampoco haber acusado a una funcionaria de gobierno de un delito, como motivo de desvinculación del cargo. Esto, en relación a la situación con la exseremi Patricia Hidalgo.
Patricia Hidalgo
Justamente, la primera en exponer en esta sesión de destinada a audiencias fue la exseremi de Desarrollo Social y Familia de la región Metropolitana.
En su exposición, Patricia Hidalgo fue clara en denunciar las presiones que, a su juicio, sufrió por parte de autoridades de la cartera. Esto, en el marco de votaciones sobre proyectos ambientas que ella no compartía. Junto a esto, señaló como “acusaciones falsas” le hecho que no denunciara un delito de violación en un recinto de atención a personas en situación de calle.
La exseremi sostuvo que toda esta situación provocó un daño a su honra, prestigio, carrera profesional y a ella como mujer. Agregó que, desde su perspectiva, hubo “abuso de poder” e “intento de amedrentamiento”. “Todo lo que ha dicho el ministro es mentira, falso de falsedad absoluta”, enfatizó.
Otros invitados y acuerdos
En la sesión también expuso el abogado constitucionalista Patricio Zapata. El experto hizo una breve referencia a los análisis de acusaciones constitucionales que ha realizado. Y, sobre esta base, argumentó que no comparte el hecho que la acusación sea contra principios vulnerados. Por esto, destaca la necesidad de encontrar un nexo causal que permita establecer claramente un fundamento de la acusación.
Además, estuvo presente Luis Penchuleo, director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi). La autoridad se refirió a la ejecución presupuestaria, cuestionada en la acusación, sobre la compra de tierras y derechos de agua. En sus declaraciones, señaló que, a la fecha, existe más de un 95% de ejecución en esta materias.
Frente a esto, el diputado José Meza (PREP) le cuestionó las cifras, pues a fines de noviembre se encontraba cerca de un 60% de presupuesto sin utilizar. Ante ello, el director de la Conadi le señaló que era habitual que en el último mes se ejecutara gran parte del presupuesto. Esto, lo reafirmó con cifras de los últimos cinco años.
Finalmente, expuso Yolanda Pizarro, subsecretaria de la Niñez, quien expuso sobre los procesos en ejecución para la implementación de las Oficinas Locales de la Niñez. Aquí detalló los avances en diferentes comunas y las alianzas establecidas con otros organismos para asegurar la continuidad de la atención. Frente a esto, la subsecretaria aseguró que se cumplió con las metas establecidas para 2022.
Tras escuchar a las y los invitados de esta jornada, la comisión resolvió seguir con las audiencias pendientes en las sesiones del lunes 16, martes 17 y miércoles 18. Sin embargo, el ánimo de la presidencia, compartido por algunos de sus integrantes, es votar el martes. Esto sin limitar a las y los expositores que se acordó invitar.