Comisión de Gobierno Interior avanza en proyectos relativos a la Ley de migración
Uno de los textos tiene que ver con las notificaciones sobre procesos de expulsión y otro con el control preventivo de migrantes, en segundo trámite reglamentario.
La Comisión de Gobierno Interior y Regionalización avanza a paso firme en la tramitación de dos proyectos que tienen relación con la migración.
El primero de ellos modifica la Ley 21.325, Ley de Migración y Extranjería, con el objeto de agregar formas alternativas de notificación del inicio de los procedimientos administrativos de expulsión (boletín 15409).
La modificación propuesta consiste en incorporar dos formas alternativas de realizar la primera notificación requerida para el inicio del proceso administrativo de expulsión.
Se trata de la notificación por carta y por correo electrónico. Así, se busca adecuar la legislación migratoria a las posibilidades de notificación disponibles para otros procedimientos, tanto judiciales como administrativos.
Si bien la idea primaria era votar las indicciones, la discusión se profundizó en torno a un artículo. Particularmente, respecto al hecho de que una persona migrante deba autorizar el uso de su correo electrónico para recibir notificaciones genera divergencias.
“Me parece que si una persona comete una falta o irregularidad y se deba solicitar permiso para notificarlo no es concordante con los que busca el texto”, dijo la presidenta de la instancia, Marta González (IND).
A juicio del diputado Johannes Kaiser (IND), la idea del texto es facilitar el trámite. “Hay impedimentos como este que dificultan y demoran el procedimiento simplificado que estamos promoviendo”, acotó.
La diputada Alejandra Placencia (PC) dijo que el control es fundamental. “La legislación no está acorde al flujo migratorio recibido. Migrar es un derecho. Sin embargo, debe estar normado de forma efectiva y eficiente”, comentó.
El diputado Renzo Trisotti (UDI) dijo que el texto no puede quedar solo en el papel. “Hay voluntarismo y romanticismo, pero no se hace cargo de la realidad. Si los migrantes van a elegir cómo se les notifica este proyecto no tiene razón de ser”, alertó.
Las y los asesores parlamentarios continuarán en reuniones con el Ejecutivo para destrabar la iniciativa. La idea es poder votar sus indicaciones el lunes 23 de enero.
Se acordó analizar un comparado con legislaciones similares con otras naciones Latinoamericanas e incluir a Estados Unidos, Hungría y Polonia.
Visión del Ejecutivo
Desde el Ejecutivo se planteó que el proyecto tendrá un impacto importante si se considera las complicaciones actuales.
“Con la aprobación de este texto, inmediatamente se notificaría a por lo menos tres mil personas. Es un aporte y sabemos que no resuelve todo. Pero destraba”, señaló el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer.
Actualmente, la Ley de Migración y Extranjería (21.325) contempla la obligación de contactar personalmente a la persona extranjera, a lo menos, en tres ocasiones, para materializar una orden de expulsión. Aquello dificulta el cumplimiento de la legislación migratoria y lo torna impracticable.
Migración y control policial
La Comisión de Gobierno Interior, igualmente, analizó una de las indicaciones del proyecto que modifica la Ley 20.931, para ampliar las facultades de control policial para efectos de aplicar las medidas establecidas en la Ley 21.325 (boletín 15270).
La idea es ampliar la hipótesis de Control Preventivo de Identidad. Se busca dotar a los funcionarios de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de nuevas herramientas en la identificación de personas migrantes en calidad de irregular o con permisos de residencia vencidos. De esa forma se pretende dar mejor cumplimiento a los procesos de regularización y expulsión contemplados en la cita Ley de migración.
En este caso también hubo divergencias con una indicación del diputado Félix González (PEV). A su juicio, la modificación no cambia el objetivo inicial, sino que traspasa funciones de Carabineros a la PDI, específicamente, en el traslado a una unidad policial en el caso que no acredite su situación migratoria.