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Sala aprobó informe de investigación sobre eventuales irregularidades en la Enap

Dentro de las propuestas de la comisión que fiscalizó los hechos se encuentra el denunciar eventuales delitos al Ministerio Público y otros organismos fiscalizadores del Estado.

La Sala de la Cámara aprobó el informe de la comisión que investigó eventuales irregularidades cometidas por la Empresa Nacional del Petróleo (Enap). El documento tuvo el respaldo de 126 votos a favor y 1 abstención.

Durante el trabajo de la instancia se analizaron actuaciones administrativas, el cumplimiento de dictámenes de la Contraloría e inversiones que impactaron en el estado financiero de la estatal.

El mandato de la comisión solicitaba investigar los actos del Gobierno, desde el año 2014 a la fecha.  Específicamente, en aquellos hechos que generaron conflictos laborales, altos gastos en asesorías y denuncias de corrupción, entre otros. Así, también, eventuales irregularidades en las inversiones realizadas entre los años 2014 y 2018 y su efecto en el estado financiero de la estatal.

La comisión se constituyó en agosto de 2022 y realizó 12 sesiones, dos de las cuales se concretaron en Hualpén y Punta Arenas. Tras estos meses de trabajo, la instancia aprobó por unanimidad las consideraciones que sirvieron de base para las conclusiones y proposiciones de la investigación.

Conclusiones

En su informe, la comisión concluyó que hubo decisiones gerenciales de inversión que generaron un eventual detrimento en el patrimonio de la Enap. Junto a ello, señalan que también hubo un deficiente control en la ejecución de proyectos de inversión.

La comisión, asimismo, observa con atención la estructura corporativa de prevención de delitos.

Por otro lado, critica la deficiencia en la relación entre gerentes corporativos y las y los trabajadores. Esto, porque se evidencia que se generaron vulneraciones de derechos laborales por parte de la empresa.

Junto a lo anterior, se definió como deficiente la relación con la comunidad y el medio ambiente de la estatal. Finalmente, el informe detalla una falta de transparencia en la toma de decisiones del gobierno corporativo y directorio. Esto, con énfasis en licitaciones y ausencia de marco regulatorio en materia de transparencia activa.

Proposiciones

Tras considerar todos los testimonios y antecedentes recibidos, las y los diputados propusieron una reestructuración de la Gerencia de Compliance (cumplimiento normativo). Igualmente, plantearon la necesidad de un cambio en la estructura de la Gerencia de Personas. Ello, con el principal objetivo de permitir una mejora en la relación entre la empresa, sus trabajadores y sindicatos.

Además, la comisión propuso incentivar la participación vinculante de los trabajadores dentro del gobierno corporativo de la Enap. Particularmente, en la elección del director representante de los trabajadores.

Junto a aquello, se propuso que la estatal mejore su relación con la comunidad y que trabaje en impulsar la inversión regional.

Por último, la instancia fiscalizadora acordó denunciar eventuales delitos expuestos en el marco del trabajo de la comisión. Dicha acción sería ante el Ministerio Público, a la Contraloría General de la República, al Consejo de Defensa del Estado y a la Unidad de Análisis Financiero.

Debate

El informe del trabajo de la comisión fue rendido en la Sala por el diputado Carlos Bianchi (IND), quien presidió la instancia. Tras sus palabras, intervinieron las y los diputados María Candelaria Acevedo (PC), Leonidas Romero (IND), Christian Matheson (IND), Sergio Bobadilla (UDI), Javiera Morales (PCS), María Luisa Cordero (IND) y Rubén Darío Oyarzo (PDG).

Las y los parlamentarios destacaron el trabajo investigativo realizado por la comisión. De igual modo, la gran cantidad de testimonios recibidos gracias a sus sesiones en terreno en dos regiones del país.

Paralelamente, valoraron las conclusiones y propuestas de la instancia. Sobre todo, en la necesidad de mejorar las condiciones laborales de las y los trabajadores subcontratados por la estatal. Incluso, plantearon la necesidad de evaluar la posibilidad de contratación directa.

Adicionalmente, destacaron la necesidad de avanzar en estándares de probidad. En este plano, se respaldó la necesidad de entregar los antecedentes de posibles ilícitos a las instituciones pertinentes para que realicen la fiscalización necesaria.