Sala respaldó el informe de la comisión investigadora sobre resguardo del orden público
La comisión concluyó que los gobiernos no han abordado con decisión la crisis migratoria y criticó la inacción de la actual administración frente a la violencia en la macrozona sur.
La Sala de la Cámara aprobó por 108 a favor, 1 en contra y 12 abstenciones, el informe de la comisión especial investigadora en materia del resguardo de la Seguridad y Orden Público y persecución de la delincuencia (CEI 5)
La instancia fiscalizadora se aprobó el 6 de julio de 2022, tras la solicitud presentada por 64 diputadas y diputados.
En su cometido, recibió a más de 100 invitados, entre ellos, autoridades, exautoridades y representantes de diversos gremios. Asimismo, celebró un total de 30 sesiones, incluidas jornadas en las regiones de Arica y Parinacota y del Bio Bio.
Conclusiones
El informe señala que la comisión centró su análisis en el crimen organizado y la labor de las diferentes instituciones que realizan inteligencia. Además, en particular, también en la situación de seguridad que afecta a las macrozonas norte y sur.
Sobre la macrozona norte, en el texto se sostiene que la permeabilidad fronteriza facilita el tráfico y la trata de personas, el contrabando de bienes, el tráfico de drogas y delitos violentos.
La comisión estimó que los gobiernos y, en particular, el Ministerio del Interior no han abordado con decisión la crisis migratoria y sus consecuencias en el fenómeno criminal.
En lo referente a la macrozona sur, es preocupante la inacción del Gobierno y las autoridades regionales, en relación con la interposición de querellas por conductas terroristas y el uso de la ley de seguridad del Estado. Esto agrava la situación de indefensión de las personas que habitan dicho territorio, en la vulneración de sus derechos.
Asimismo, tras analizar la institucionalidad publica, se observó una profunda fragmentación del Estado en materia de investigaciones, inteligencia, crimen organizado, orden público y terrorismo. En particular, se afirma que el empeño pareciera estar en los diagnósticos o la creación de mesas de trabajo, que han tenido logros aislados y siguen siendo insuficientes.
Un punto de especial gravedad para la comisión fue que el Servicio Nacional de Aduanas reconociera que solo procesa el 3% de las cargas que ingresan o egresan del país.
Finalmente, el informe consigna que la comisión determinó que, actualmente, existe un problema de colaboración entre el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Congreso Nacional. Esto debido a que el INDH “ha insistido en una suerte de autonomía irrestricta del organismo, omitiendo respuesta a los requerimientos de información” que la instancia fiscalizadora solicitó.
Proposiciones
La comisión investigadora propuso en su informe un total de 31 medidas a adoptar en la materia. Estas se desglosan en diversos tópicos.
En primer lugar, se llama a impulsar y perfeccionar el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública. Esto con énfasis en control civil y reformas integrales en policías y otros organismos involucrados en el orden público, y la persecución del crimen organizado.
En materia de migración, dar celeridad a los proyectos que modifican la ley respectiva. Pero, asimismo, ejercer las atribuciones legales y constitucionales en materia de control fronterizo, migración irregular y, particularmente, las expulsiones. Al respecto, se ha constatado “la casi total inejecución de expulsiones administrativas por parte del Servicio Nacional de Migraciones”.
Junto a ello, abordar la inseguridad en la macrozona norte, en cuanto a la seguridad fronteriza. La comisión estima que es urgente reforzar el control y vigilancia en rutas y carreteras, así como fortalecer la infraestructura policial de la zona.
Respecto de la macrozona sur, la comisión llama la atención que se deben cuidar las señales que entregan las autoridades. En especial, cuestionan declaraciones como las realizadas por la delegada presidencial regional del Biobío, donde se claudica ante la persecución y combate del crimen.
En ese sentido, la comisión señala que es necesario clarificar la existencia de terrorismo en la macrozona sur y reformular la Ley Antiterrorista. Se critica que, por largo tiempo, se ha abordado esta situación bajo el concepto de “violencia rural”, donde se pretende caracterizar a los hechos que allí ocurren como delincuencia común, pero con características propias de la geografía y culturas regionales.
Enfoque penitenciario
La comisión también propuso una serie de medidas en materia criminal relacionados con la población penitenciaria. En este sentido, se plantea mejorar las condiciones en los recintos para reducir la incidencia criminal desde estos, evitando enfrentamientos entre grupos de internos. Además, confeccionar un modelo de segmentación de la población penal más estricto y de mayor control de las actividades que realizan los internos.
También se propone terminar con la entrega de permisos intra penitenciarios que implican la salida al medio libre, sin respetar el marco legal y reglamentario.
Otras medidas
Por último, se postula también dar celeridad a la tramitación del proyecto de ley que Fortalece el Sistema de Inteligencia del Estado. Este se encuentra radicado en la Comisión de Defensa a la espera de que el Gobierno concrete las indicaciones prometidas.
Otorgar a los servicios de Aduanas, Impuestos Internos y a la Unidad de Análisis Financiero del equipamiento y personal suficiente para la detección, prevención, combate y persecución, del crimen organizado, narcotráfico, terrorismo y resguardo del orden público.
Además, crear unidades regionales interinstitucionales dedicadas a recabar antecedentes e investigar el lavado de activos, particularmente, el vinculado a las bandas asociadas al crimen organizado.
Sobre el Ministerio Público, se plantea la creación de una “Fiscalía Supra Regional Antidrogas y Contra el Crimen Organizado”. Asimismo, una unidad con dedicación exclusiva para abordar la existencia de delitos dentro de los recintos penales.
A esto se suma la necesidad de un aumento de 375 nuevos fiscales para fortalecer la persecución penal de los delitos y disminuir las brechas de impunidad.
Debate
Tras la rendición del informe, por parte de la diputada Joanna Pérez (IND), expusieron Andrés Jouannet (IND), Marcos Ilabaca (PS), Francisco Pulgar (IND), Stephan Schubert (IND), Johannes Kaiser (IND) y Matías Ramírez (PC).
El criterio general fue valorar la investigación y las conclusiones consensuadas. Sin embargo, algunos dijeron no concordar con todas ellas. Así, por ejemplo, se refutó las observaciones al INDH. Igualmente, las referidas al actual Gobierno, entendiendo que aún no completa un año de mandato.
Varios llamaron a enfrentar el tema del crimen organizado, la delincuencia y el narcotráfico con sentido de urgencia. Pidieron en ello acciones claras y una agenda contundente. Asimismo, fortalecer al Ministerio Público y a la PDI. De igual modo, avanzar en un sistema robusto de inteligencia y en el control de las fronteras, como las marítimas, donde están ingresando drogas y armas.
Finalmente, el llamado es a trabajar con espíritu colaborativo y dejar de lado la ideología para el bien del país.