Comisión debate propuesta sobre probidad de las corporaciones municipales
La iniciativa, que se encuentra en primer trámite en Gobierno Interior, busca exigir transparencia y obligación de rendición a todas las instituciones privadas, con o sin fines de lucro, que reciban aportes, subvenciones, traspasos directos, licitaciones o fondos públicos de cualquier tipo de parte de municipalidades, gobiernos regionales o poderes del Estado.
La Comisión de Gobierno Interior analizó el proyecto (boletín 14594) que modifica distintos cuerpos legales en materia de transparencia, fiscalización y probidad de las corporaciones municipales y organizaciones funcionales.
La iniciativa busca exigir transparencia y obligación de rendición a todas las instituciones privadas, con o sin fines de lucro, que reciban aportes, subvenciones, traspasos directos, licitaciones o fondos públicos de cualquier tipo, de parte de municipalidades, gobiernos regionales o poderes del Estado. El objetivo es que la Contraloría General de la República pueda fiscalizar todo caudal público entregado a estas entidades.
Al respecto, Cosme Mellado (PR) solicitó información sobre propuestas dirigidas a procurar una mayor fiscalización de las licitaciones. “Es clarísimo que es necesario una mayor fiscalización. La normativa, hoy en día, hace responsable al jefe superior del servicio. Pero, también las jefaturas, sobre todo la Dirección de Control, tiene una tremenda responsabilidad”, acotó.
Por su parte, Renzo Trisotti (UDI) planteó la necesidad de conocer si ha existido una falta de fiscalización en la eliminación de la División Especial de Municipios de la Contraloría.
Asimismo, Miguel Ángel Becker (RN) señaló que es importante que los funcionarios municipales estén capacitados en cuento a la probidad. Agregó que se debe hacer un esfuerzo para tener un gran equipo para fiscalizar en las contralorías.
Estudio de Amuch
En la sesión participó el presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), Gustavo Alessandri, y la asesora jurídica de la entidad, Graciela Correa. También intervino Valentina Núñez, cientista política e investigadora del Área de Estudios de dicha asociación.
En general, informaron sobre los resultados del “Estudio de Transparencia Municipal 2022″. Indicaron que sólo 931 instituciones públicas son sujeto obligado por la Ley de Transparencia y 345 de ellas, que equivale a 37,1 %, son municipalidades.
Sostuvieron que los desafíos de las municipalidades están orientados en estrechar las brechas en recursos humanos y financieros, así como en transparencia y probidad. Igualmente, en crear un Comité de Integridad en los municipios con cargos de jefatura para potenciar la integración de la probidad en la gestión municipal en metas y planes de trabajo en las diversas áreas.
También deberían crear canales formales y permanentes en los municipios de consulta y denuncias anónimas sobre falta a la integridad pública abierto a todos las y los funcionarios y ciudadanos/as. Junto con ello, desarrollar metodología que evalúe los riesgos de integridad pública municipal y delineación de acciones estratégicas para su gestión.
Observaciones al proyecto
Señalaron que es importante dar énfasis a los programas de formación y de capacitación. De igual modo, tomar la integridad como eje estratégico de la función municipal; fortalecer el capital humano; y realizar auditorias obligatorias.
Respecto de la responsabilidad de los alcaldes y concejales, potenciar acciones de transparencia, fiscalización y probidad en corporaciones municipales, organizaciones funcionales y gobernanza participativa.
Acotaron que las medidas conducentes hacia el fortalecimiento y una mejor gestión municipal son el reforzamiento de las funciones de control preventivo de las ordenanzas municipales.
Otra vía es definir la obligación de visar los decretos de pago por actos o contratos superiores a 500 UTM. Igualmente, asegurar financiamiento para implementar dichas acciones a fin de garantizar su implementación y entregar una asignación de fiscalización.