Despachan a la Sala proyectos que aumentan sanciones a delitos de alta connotación pública
La Comisión de Constitución respaldó dos iniciativas vinculadas al secuestro y el sicariato, que forman parte de la agenda de seguridad propuesta por el Gobierno.
Aumentar de 15 años y un día a presidio perpetuo para el delito de secuestro con homicidio, con violación o con lesiones gravísimas. Esta fue la modificación aprobada por la Comisión de Constitución al proyecto propuesto por el Gobierno que agrava la pena para este delito (boletín 15558).
La indicación presentó, en la última sesión, el diputado Andrés Longton (RN). Argumentó que este incremento parece coherente al considerar que la llamada Ley Tamara aumentó la pena del homicidio simple de 15 a 20 años y un día. A su juicio, este sería un supuesto menos gravoso que un secuestro con violación o con homicidio.
En la sesión, se le consultó la posición al Ejecutivo. Al respecto, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara señaló que la propuesta parecía una pena excesiva. Sin embargo, la instancia aprobó el aumento con 8 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones.
Tras dicha votación, la comisión despachó a la Sala el proyecto que, además, amplía la pena de secuestro, de 3 años y un día a 5. Así, también, lo hace en ciertas hipótesis, como la extorsión o duración de la retención por más de 15 días.
Sicariato
Luego, la instancia continuó con el análisis de la norma que sanciona la conspiración para cometer el delito de homicidio calificado (boletín 15559). La propuesta original del Gobierno establecía la sanción de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo a quien ejecute un homicidio por premio o promesa remuneratoria, o por cualquier otro medio que implique ánimo de lucro.
Sin embargo, en el debate legislativo se presentó una indicación que cambiaba la propuesta. En ésta se busca sancionar a quien cometa el delito por beneficio económico o de otra naturaleza en provecho propio o de un tercero.
El diputado Marcos Ilabaca (PS), promotor del cambio, explicó que con la versión original quedaba fuera cualquier otro tipo de provecho de un tercero. Por esto, sería necesario poder ampliar las circunstancias. Tal planteamiento terminó concitando el respaldo unánime de la comisión.
Además, la instancia acogió una propuesta del diputado Luis Sánchez (PREP). En lo medular, buscaba una sanción especial cuando este delito sea contra autoridades que participen en la persecución penal.
La redacción de la norma, consensuada con el Ejecutivo, estableció que, si la conspiración para cometer homicidio se cometiera en contra de un juez con competencia en lo penal, un fiscal, defensor penal público, funcionarios de carabineros, la PDI o Gendarmería, en el ejercicio de sus funciones, se castigará con la pena de presidio menor en su grado máximo (desde 3 años y un día a 5 años) a presidio mayor en su grado mínimo (desde 5 años y un día a 10 años).
Con el respaldo unánime a esta indicación, la comisión despacho también este proyecto a la Sala. Así, quedan pendiente de discusión en la comisión dos proyectos más de la Agenda de Seguridad presentada por el Gobierno. Estos son el que modifica aumenta la pena del delito de porte de armas en lugares altamente concurridos (boletín 15560) y el que refuerza las competencias de Gendarmería y crea un delito general de extorción (boletín 15561).