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Casi 80 expositores en debate de proyecto que da mayor protección a la labor policial

En una intensa jornada, diputadas y diputados expresaron criterios y matices respecto a la protección policial que se propone a los funcionarios de carabineros, PDI y gendarmes. Mientras unos respaldaron la legítima defensa privilegiada de los agentes de orden; otros cuestionaron que eso puede dar paso a vulneración de derechos humanos.

Por cerca de cuatro horas se extendió el debate del proyecto de ley que aumenta las penas por delitos cometidos contra funcionarios de Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería (boletín 14870), aprobado esta tarde por la Sala de la Cámara, con un contundente respaldo en la mayoría de sus normas.

Fueron cerca de 80 diputadas y diputados que expresaron su parecer sobre la denominada “Ley Nain-Retamal”. Un punto coincidente en los discursos fue la necesidad de enfrentar la crisis de seguridad, entregando más herramientas a las policías. Sin embargo, se expresaron cuestionamientos en orden al uso de armas.

Uno de los puntos centrales del proyecto, es la legítima defensa privilegiada que se establece para los funcionarios policiales.

En ese plano, Raúl Leiva (PS), señaló que si se entrega una legítima defensa a los chilenos que defienden a sus familiares, por qué no se le puede dar a carabineros que nos protegen a todos. Resaltó que son funcionarios que arriesgan la vida por quienes no conocen, porque cumplen un mandato del Estado. “Hay que darles ese apoyo en casos concretos”, subrayó. Agregó que dichas normas existen en España, Uruguay y Francia.

Jorge Alessandri (UDI) sostuvo que se está en una crisis grave de seguridad. Planteó que, para salir de ella, se requieren esfuerzos y contribuciones de todos. “Durante la crisis social, nuestras policías sostuvieron la democracia sobre sus hombros. No fue el poder político ni el Parlamento”, acotó.

Para Jaime Araya (IND), este proyecto se trata de cómo fortalecemos la seguridad, condición esencial para las democracias. Señaló que “nuestra democracia está amenazada por el narcotráfico, terrorismo, crimen organizado y el narco delincuencia, por eso, es fundamental fortalecer la labor de las policías”.

Otras posturas

Andrés Longton (RN) expresó que existe temor en los policías por utilizar sus armas, por las represalias posteriores. Dijo que hay un prejuzgamiento y una condena social contra los funcionarios, que causa un daño irreparable. En ese sentido, llamó a quienes apuntaron con el dedo a carabineros que, luego, han sido sobreseídos, a pedirles disculpas.

Francisco Undurraga (Evópoli) estimó que, hoy, se viene a saldar una deuda que se tiene como Estado con las fuerzas policiales y Carabineros. “Estas dos leyes refundidas buscan proteger a carabineros de los delincuentes y de los terroristas y, por sobre todo, de la sobre ideologización que existe en la fiscalía”, agregó.

Por su parte, Ricardo Cifuentes (DC) consideró que es necesario fortalecer el Estado y a los agentes de las policías. Aseveró que se avanza en el aspecto práctico y simbólico, que es lo fundamental. “Ponernos de acuerdo en cómo cuidamos el Estado y las instituciones, con más fuerza y recursos para las policías”, planteó.

Harry Jürgensen (IND) criticó a las autoridades que anteriormente ofendieron a Carabineros, agregando que no les cree. “Hace pocos días llamaron al orden al general Yáñez, que pidió más herramientas para trabajar”. Resaltó que el Estado está al debe con la institución. Además, consideró que aprobar leyes es lo mínimo, al tiempo que pidió al Presidente dar una señal clara y que indulte a los carabineros sentenciados en el cumplimiento del deber.

En tanto, Mónica Arce (IND) manifestó que es urgente una política integral de seguridad, que sea efectiva y eficiente para reducir la delincuencia. A su vez, que genere herramientas para que las policías y la justicia cumplan su labor de prevención y persecución. Ello, con el fin de que las organizaciones criminales no cuenten con recursos que les permitan controlar los barrios.

Resguardo de los DD.HH.

Alejandra Placencia (PC) consideró que es una ley contradictoria, que no se hace cargo de los temas de fondo. “Tenemos un amplio conceso en elevar a rango legal las reglas del uso de la fuerza. La protección a la labor policial se alcanza con certeza jurídica para su funcionarias y funcionarios. Asimismo, relevó la necesidad de que exista un estricto apego a las normas internacionales de DD.HH., pero también con respaldo político y ciudadano”, destacó.

Lorena Fries (IND) comentó que la protección de las policías no puede descansar en la debilidad de la defensa de los derechos humanos. “Allí donde no se respetan los DD.HH. son más débiles y cuestionadas las policías. Estamos conscientes que las policías son un pilar de la democracia, del estado de derecho y de las garantías de los derechos humanos”, puntualizó.

Ana María Gazmuri (PAH) mencionó que Acción Humanista no avalará la vulneración de DD.HH. y no otorgará un cheque en blanco a actuaciones desmedidas y sin un marco legal claro. “Un estatuto jurídico que crea privilegios personales asociados a la calidad de funcionario policial es inaceptable en una sociedad democrática. En especial, con la consagración de una legítima defensa privilegiada, vulnerando la igualdad ante la ley”. resaltó.

Ministra del Interior

La ministra del Interior, Carolina Tohá, dijo que, para responder al problema de protección policial, hay que revisar los protocolos. Precisó que el principal riesgo es la delincuencia armada que mata a civiles y policías.

Agregó que el carabinero tiene el deber de usar el arma, pero recordó que, si en el procedimiento hay heridos o fallecidos, queda como imputado. “El calvario comienza cuando es imputado, ya que se suspende de la institución o es dado de baja antes que haya evidencia; eso dificulta la acción policial”, alertó.

Acotó que, en el Senado, presentarán indicaciones más precisas al texto. “No podemos permitir que la protección de los policías se transforme en desprotección de las personas”, recalcó.

Una propuesta irá en la línea que no haya prisión efectiva en lesiones inferiores a los policías. Otra idea es sacar del Código Penal el tema de la presunción de legitima defensa legal, porque “tiene amplitud y produce situaciones complejas”. En reemplazo, se propondría una indicación al Código de Justicia Militar sobre la materia, ya que este cuerpo contiene varias normas de procedimientos policiales.

Además de los mencionados, intervinieron por la bancada RN Diego Schalper, Mauro González, Miguel Mellado, Eduardo Durán, Marcia Raphael, José Miguel Castro, Bernardo Berger y Natalia Romero. Por la UDI: Juan Antonio Coloma, Marlene Pérez, Sergio Bobadilla, Eduardo Cornejo, Cristian Labbé, Flor Weisse, Cristhian Moreira y Juan Fuenzalida. Por el comité PC-FRVS, Félix Bugueño, Matías Ramírez, Boris Barrera y Daniela Serrano. Del PS: Marcos Ilabaca, Emilia Nuyado, Nelson Venegas, Jaime Naranjo, Daniel Melo y Daniel Manouchehri. También hablaron Raúl Soto (PPD), Cristián Tapia (IND), Jorge Guzmán (EVOP) y Christian Matheson (IND).

Asimismo, expusieron Alejandro Bernales (PL), Alexis Sepúlveda (PR), Luis Malla (PL), Felipe Camaño (IND), Alberto Undurraga (DC), Eric Aedo (DC), Andrés Jouannet (IND). Del Comité Republicano: Cristóbal Urruticoechea, Mauricio Ojeda, Stephan Schubert, Juan Irarrázaval, Luis Sánchez y Benjamín Moreno. Por el Frente Amplio: Jaime Sáez, Mercedes Bulnes, Camila Rojas, Gonzalo Winter y Ericka Ñanco. Igualmente, participaron los independientes Roberto Arroyo, Víctor Alejandro Pino, Sara Concha, Enrique Lee, Francesca Muñoz, Gloria Naveillan y Maite Orsini. Finalmente, del Comité del PDG e indepedientes: Erika Olivera, Gaspar Rivas, Karen Medina y Joanna Pérez.