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Amnistía Chile y juristas participaron en debate por reglas de uso de la fuerza

Destacados académicos respaldaron establecer por ley, las normas sobre uso de la fuerza para policías y Fuerzas Armadas en su rol de orden público. Sin embargo, hubo algunos reparos a la utilización de ciertos conceptos, como racionalidad y proporcionalidad.

Las exposiciones se dieron en la sesión de las Comisiones Unidas de Constitución y Seguridad Ciudadana, que analizan el proyecto de establece normas generales sobre el uso de la fuerza para personal de fuerzas de orden y seguridad pública, y armadas (boletín 15805).

La ronda de audiencias comenzó con la exposición de Rodrigo Bustos, director de Amnistía Internacional Chile, quien valoró la iniciativa. Dijo que esta se pone a tono con los estándares de tratados internacionales en la materia, cómo lo que establece, por ejemplo, Naciones Unidas respecto a las reglas del uso de la fuerza (RUF).

Sin embargo comentó varias definiciones y conceptos que incluye el texto del Ejecutivo, que se deben precisar. En ese sentido, explicó que además de definir armas menos letales, se debe incluir las armas letales y equipo conexo. En cuanto a los principios, afirmó que se debe mejorar la redacción respecto a la proporcionalidad y a la responsabilidad.

Sobre la racionalidad consideró que no debe incluirse en el proyecto, porque no corresponde a los estándares de DD.HH. y del derecho penal comparado. A su juicio, este concepto queda subsumido en el principio de proporcionalidad.

A su vez, valoró la formación y capacitación permanente, aunque detalló que se debe aclarar con exactitud que se trata de entrenamiento (físico) y no capacitación (charlas). Finalmente, consideró que se debieran aplicar las mismas RUF para todas las instituciones y no sólo para las policías.

Rol Fuerzas Armadas

Posteriormente, fue el turno del académico y exauditor general de la Armada, Cristian Araya. El jurista manifestó que el texto presenta aspectos de inconstitucionalidad. Ello, porque a su juicio, la formación y capacitación respecto a las RUF, significaría entrenamiento permanente de las FF.AA. y medios materiales. Lo anterior implica modificar planes de estudios y asignar presupuesto de la nación.

Sostuvo que eso se aleja de la labor esencial de las FF.AA. expresa en la Constitución, que es defender la patria y la seguridad nacional.

Araya agregó que a su juicio este cúmulo de normas no son RUF, sino que normas jurídicas de fondo que alteran la correcta aplicación y certeza del sistema penal. Explicó que las RUF debieran ser definidas, en cada caso, por mandos militares y autoridades políticas.

Otros docentes

El profesor y doctor en criminología, Javier Velázquez, consideró que el proyecto no innova tanto, porque el uso de la fuerza ya existía en disposiciones de Carabineros desde 2012.

También se refirió a la confusión que generan los conceptos de proporcionalidad y racionalidad. Sostuvo que resulta inútil tener ambos conceptos. Explicó que si bien la proporcionalidad es un concepto internacional, la racionalidad está presente en la legítima defensa, por lo que dialoga con la regulación penal.

Concluyó que la norma en trámite es un buen avance; un marco que otorga confianza a las policías sobre la correcta ejecución del uso de la fuerza, para lo cual se les va a capacitar. Agregó que son estándares ya probados en otros países y que no debiera existir problema, considerando que ya ha sido puesto en práctica por Carabineros.

Por último, participó Daniel Soto, investigador de la Universidad Adolfo Ibáñez, quien justificó la necesidad de legislar sobre el uso de la fuerza. Lo anterior por tratarse de normas importantes en los aspectos más sensibles de la función policial.

Coincidió en que deben ser normas iguales para policías y militares. Relevó además la importancia de seguir estándares internacionales para el desempeño, eficacia en la labor policial, protección de la coerción física y mejoramiento de la redición de cuentas.

Cabe agregar que en la sesión, se realizaron varias consultas, desde todos los sectores políticos, principalmente respecto a al uso de la fuerza v/s vulneración de los DD.HH. Además, se pidió aclarar los conceptos de racionalidad y proporcionalidad; así como también, la opinión sobre la legítima defensa de los funcionarios estatales.