Amplían el acceso de comités y cooperativas APR a derechos de aprovechamiento de agua
El proyecto, aprobado por la Sala de la Cámara y enviado a segundo trámite, las habilita también para obtener certificados del uso de pozos para bebida y uso doméstico de subsistencia, junto con posibilitar su participación en asociaciones y juntas de vigilancia.
La crisis de escasez hídrica se hace presente en gran parte del territorio nacional. En este contexto, buscando generar un mayor equilibrio en cuanto al acceso al recurso hídrico para los comités y cooperativas APR, se presentó un proyecto de ley en la Cámara que, hoy, la Sala respaldó y derivó a segundo trámite.
La iniciativa (boletín 15754) se focaliza en aquellos comités y cooperativas de agua potable rural (APR) que prestan servicios de agua potable y saneamiento para el consumo doméstico de subsistencia a comunidades rurales. Es decir, Servicios Sanitarios Rurales Primarios.
El objetivo es que tengan la capacidad de proveer dichos servicios y participar de las organizaciones de usuarios de agua. Igualmente, de instancias de redistribución por escasez del recurso hídrico.
Para la presentación del texto se tuvo presente que la legislación actual no garantiza a las citadas organizaciones el acceso a constituir derechos de aprovechamiento de aguas en cantidad suficiente tal que las habiliten para cumplir con las exigencias vigentes.
Por otra parte, de extraerse agua de un pozo, la validez del derecho de uso no queda hoy certificada. Ello les impide acreditarlo o participar en espacios con incidencia sobre las propuestas de redistribución en caso de decreto de escasez.
Enmiendas al Código de Aguas
En primer lugar, se modifica un artículo del Código de Aguas relacionado al aprovechamiento de este recursos y sus funciones.
Una de las enmiendas elimina el límite de caudal para el otorgamiento de la resolución transitoria de derecho de aprovechamiento de un comité o cooperativa de servicio sanitario rural. Actualmente, el margen es de hasta 12 litros por segundo. Además, se permite que la solicitud la realice la Dirección de Obras Hidráulicas.
Luego, se especifica que la Dirección General de Aguas (DGA) podrá autorizar, transitoriamente, mediante resolución, la extracción del recurso hídrico por un caudal igual o inferior al solicitado.
La ley vigente indica que esta autorización se mantendrá vigente durante la tramitación de la solicitud definitiva. Ella no podrá exceder de un año, prorrogable por una sola vez. El proyecto agrega que, lo anterior, se realizará sin perjuicio de la prerrogativa presidencial de constituir derechos de aprovechamiento, fundado en el interés público.
Otro perfeccionamiento se realizó en lo relacionado a aguas subterráneas. Afecta a la disposición que permite cavar en suelo propio pozos para bebida y uso doméstico de subsistencia.
En este contexto se especifica que la obligación de los prestadores de servicios sanitarios rurales a informar a la DGA la existencia y ubicación de las obras es para que la institución las acredite. Y, en caso de que así se solicite, emitir un certificado que determine la existencia georreferenciada de este derecho.
Con este certificado, el servicio sanitario rural podrá utilizarlo, por ejemplo, para el establecimiento de un radio de protección. Este prohíbe la realización de obras similares en la zona. También los habilitan para constituir asociaciones de canalistas o sociedades. Del mismo modo, les permite ser incorporados a juntas de vigilancia.
Finalmente, se posibilita a los titulares de derecho de aprovechamiento de aguas, que informen a la DGA la existencia y la ubicación de las obras de captación, a solicitar el certificado recién mencionado.
Discusión
El informe de la Comisión de Recursos Hídricos lo rindió la autora de la propuesta original que fundó este proyecto, la diputada María Francisca Bello (PCS). Luego participaron en el debate Carolina Marzán (PPD), Víctor Alejandro Pino (IND), Nathalie Castillo (PC), Clara Sagardia (IND), Francisco Pulgar (IND), Marta Bravo (UDI), Jorge Rathgeb (RN) y Bernardo Berger (IND).
La opinión genera fue favorable a la propuesta, especialmente teniendo a la vista el derecho esencial al agua para la subsistencia. Además, relevaron el hecho que los comités APR cumplen un rol esencial para las comunidades rurales.