A la Sala proyecto sobre inclusión laboral de personas con discapacidad
En forma unánime, la Comisión de Hacienda aprobó las disposiciones del proyecto de inclusión laboral. Entre los avances incorporados en esta actualización de la ley vigente está el aumentar el porcentaje obligatorio de cupos para personas con discapacidad en unidades laborales con más de 100 trabajadores.
El proyecto que modifica el Código del Trabajo y otras leyes en materia de inclusión laboral de personas con discapacidad y asignatarios de pensión de invalidez, tuvo un respaldo unánime en la votación de la Comisión de Hacienda de la Cámara.
El texto (boletines refundidos 13011, 14445 y 14449) se encuentra en segundo trámite y, ahora, quedó listo para pasar a la Sala. Su objetivo es reforzar la inclusión laboral de personas con discapacidad, tanto en el sector público como el privado.
Entre los fines de la propuesta se cuenta establecer una obligación para unidades laborales con más de 100 trabajadores. La idea es que se reserve, al menos, un 2% de sus puestos de trabajo para personas con alguna discapacidad física, mental o sensorial de carácter temporal o permanente. La norma hoy vigente define dicho porcentaje en un 1%.
El ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, explicó que se busca hacer más exigente la ley actual. Según observó, la norma ha tenido una baja aplicación, tanto en el mundo privado como en el estatal. Así, la meta es cumplir, primero, con el 1%, para alcanzar luego, en forma diferida, el 2%. Para ello, se fijan nuevas obligaciones para el Estado.
Además, se incluyen adecuaciones para incluir a personas asignatarias de una pensión de invalidez. Asimismo, hay cambios referidos a la celebración de contratos de prestación de servicios y modificaciones respecto a las multas cursadas por la infracción a las normas sobre inclusión laboral.
A su vez, se propone equiparar los estudios en escuelas especiales con los de educación formal, para ingresar a la administración del Estado, entre otros aspectos.
Recursos y normas relativas a Hacienda
Sobre el informe financiero se consideran dos etapas de ejecución de la ley. La primera, cuando entre en vigencia y, la segunda, cuando se aumente el porcentaje de cumplimiento.
El personero indicó que se considera la contratación de dos funcionarios para la Subsecretaría de Evaluación Social, para la coordinación y evaluación de la ley. Otras 18 personas se destinarán a la Dirección del Trabajo, para fiscalizar el sector privado. Para una primera etapa, se fijan 180 millones de pesos y, para la segunda, 447 millones.
Respecto al sector público, sostuvo que la Dirección del Servicio Civil elaborará informes que serán enviados a la Contraloría, que será la entidad encargada de fiscalizar.
En ese plano, reiteró que se hará efectiva la responsabilidad administrativa del jefe superior o jefatura máxima del órgano involucrado.
Adicionalmente, se considerará infracción al principio de probidad administrativa, el hecho de que se realicen nuevas contrataciones sin dar cumplimiento a la selección preferente.
Donaciones
La comisión también votó artículos referidos al incumplimiento de la obligación de las empresas de realizar donaciones en dinero como medida subsidiaria. Estos recursos se dirigen a proyectos o programas de asociaciones, corporaciones o fundaciones.
Jackson manifestó que hay una deficiencia en la regulación actual, ya que el dinero donado no se ha traducido en una efectiva inclusión laboral (colocación, contratación y permanencia). Además, existe una concentración de proyectos en diez organizaciones, sin plena transparencia de vínculos o nexos que puedan tener con empresas obligadas.
Entre los cambios, se considera que, una vez entrada la obligación del 2%, sólo se podrán efectuar donaciones por hasta el 1% de los trabajadores. Además, se amplía el objeto de personas jurídicas y los proyectos a ser financiados.
Por otra parte, se establecen inhabilidades entre donante y donataria. Junto a ello, se diversifican y se descentralizan las donaciones. La finalidad es que no más del 50% se destine a una única organización y, que al menos, un proyecto se destine a una organización que no se encuentre en la región Metropolitana.
Diputadas y diputados de todos los sectores coincidieron en que este proyecto es un avance en hacer efectiva la inclusión de personas con distintas capacidades al mundo laboral. Igualmente, valoraron que se reconozca la labor de las escuelas de educación especial en la formación de personas con discapacidad.