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Quieren acelerar el trámite del proyecto que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia

La resolución argumenta que se requiere de un servicio que ordene y potencie la oferta pública que actualmente ofrecen las Corporaciones de Asistencia Judicial.

Dip. Mercedes Bulnes

Con 134 votos a favor y una abstención, la Cámara aprobó la resolución 831. En ella se solicita al Presidente de la República que ponga urgencia al proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de víctimas de delitos (boletín 13991).

Las autoras y autores de la petición aseguran que se requiere de un servicio que ordene y potencie la oferta pública que actualmente ofrecen las Corporaciones de Asistencia Judicial. También solicitan asesoría jurídica, psicológica y social a las víctimas de delitos.

Agregan que nuestro país ha dado pasos significativos, impulsando reformas que modernizaron el sistema de justicia. Sin embargo, existirían desafíos pendientes en la materialización del derecho de acceso a la justicia. Especialmente, respecto a la oferta estatal de defensa y representación jurídica.

Las y los legisladores dicen que la responsabilidad de entregar servicios jurídicos a la población que no posee los medios recae en la Defensoría Penal Pública y en las denominadas Corporaciones de Asistencia Judicial.

Estas instituciones, según el texto, no dan abasto para atender a las víctimas de delitos. Además, las Corporaciones no contarían con apoyo explícito para participar del proceso penal. Esto, a diferencia de los imputados, quienes pueden recurrir a una institución profesional dedicada exclusivamente a su defensa.

En este contexto, se presentó, a inicios del año 2021, el citado proyecto de ley que, actualmente, está radicado en la Comisión de Constitución de la Cámara.

En la propuesta legal se propone crear una nuevo servicio público descentralizado denominado “Servicio Nacional de Acceso a la Justicia”. Su finalidad será otorgar una respuesta unificada y pertinente a las necesidades jurídicas de cada persona. Para ello, contemplará una amplia oferta de prestaciones agrupadas en distintas líneas de servicios, basada en la asesoría, la defensa y la representación jurídica. Tendrá, asimismo, un reconocimiento y preocupación especial por los grupos más vulnerables de la población.

La resolución la presentaron Mercedes Bulnes (IND), María Francisca Bello (PCS), Javiera Morales (PCS), Marcela Riquelme (IND) y Gonzalo Winter (PCS).