La Secretaria de Estado compareció ante la Comisión de Cultura para explicar el traspaso de fundaciones culturales, la ejecución presupuestaria del Ministerio así como denuncias laborales presentadas al interior del Servicio de Patrimonio Cultural.

El edificio del Congreso Nacional, monumento histórico desde 1976, abrirá sus puertas este domingo 25 de mayo, a partir de las 10:00 de la mañana. La Cámara tendrá a disposición del público una exposición de fotografías y documentos históricos además de la visita a la Sala de Sesiones y los jardines.

El primero de los documentos habla de un problema estructural y el segundo de un acuerdo que carece de transparencia y elude la competencia.

El proyecto considera la creación de un Plan Común de Salud que incluya prestaciones, beneficios y coberturas uniformes. Además, pone fin a las enfermedades o condiciones preexistentes y elimina las discriminaciones por edad y sexo en los planes de salud.

La comisión recibió al gerente general de Metro y a representantes del Ministerio de Salud, quienes expusieron sobre las estrategias que están adoptando para abordar el tema del comercio ilegal.

Desde su defensa se recalcó que no existe norma constitucional apelable directamente en este caso. Asimismo, que en relación al evento deportivo se cumplieron todos los requisitos legales. Por ende, la acusación carecía de sustento jurídico y fáctico.

La moción también permite que medios tecnológicos de seguridad sean implementados en centros de salud pública para proteger a pacientes y funcionarios.

Al respecto, se aprobaron seis resoluciones que piden al Presidente de la República colaborar con el esclarecimiento de los hechos, adoptar medidas para recuperar los fondos no rendidos y dar urgencia a proyectos sobre transparencia y corrupción.

La propuesta aprobada por la Sala de la Cámara, además de los notarios, considera a los conservadores de bienes raíces y archiveros. Solo se rechazó en la oportunidad dos normas relacionadas al conservador de Santiago.

El proyecto, despachado al Ejecutivo a su fase de promulgación, permite que personas naturales cuenten con un subsidio a la tasa de interés hipotecaria de 60 puntos. El beneficio se entregará conjuntamente con una garantía estatal. El valor de la vivienda no puede superar las 4.000 UF.