Las comisiones de la Cámara, además, analizaron otras materias que revisamos en el siguiente resumen.

Una resolución aprobada en la Sala solicita al Gobierno un proyecto de ley que exima del pago de impuesto al valor agregado a los medicamentos, debido a su reiterada alza.

En la resolución aprobada se explica que este beneficio se utiliza para estudiantes que deben continuar sus estudios en comunas distintas a la de su origen. Sin embargo, limita su acceso si los postulantes que llegan a la educación superior no accedieron al programa durante la enseñanza media.

La solicitud de la Cámara al Gobierno, efectuado por medio de dos resoluciones, toma como base el alza de precios de los materiales de construcción. Este hecho está afectando los presupuestos de los proyectos de conjuntos de viviendas sociales, así como a la cobertura del aporte que el Estado entrega para la reparación de inmuebles.

La resolución que aprobó la Cámara explica que esta prueba ayuda a detectar la “prediabetes” y la diabetes tipo 2.

La iniciativa, que modifica el Código Procesal y que se debate en la comisión de Seguridad Ciudadana, permite que esta solicitud pueda formularse y otorgarse por cualquier medio idóneo, tales como teléfono, fax, correo electrónico u otro.

En la resolución se plantea que los llamados a entregar una solución definitiva son los ministerios de Defensa y de Bienes Nacionales, dadas sus atribuciones en la materia.

A través de dos resoluciones, se expresa la preocupación sobre el alza de precios de la canasta básica y de los insumos, al tiempo que se remarca la necesidad de impulsar subsidios o la entrega de créditos para el sector productivo nacional.

Representantes del Ministerio Público y organizaciones de víctimas de femicidios señalaron la urgencia de gestionar un sistema de protección y un cuidado integral de las afectadas, más allá del proceso judicial, visión que fue recogida por las integrantes de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género.

La Comisión de Constitución inició el proceso para habilitar la realización de test de drogas obligatorios, aleatorios y semestrales a las y los legisladores, al igual como se realizan a las altas autoridades de la administración del Estado. Para ello, la secretaría general de la Cámara presentará una propuesta de adecuación reglamentaria, que podría ser votada el martes.