La iniciativa interpreta la regulación en materia de las autoridades, que son miembros de la Comisión Administrativa, atendido los cambios experimentados por la legislación en materia de división política–administrativa.

La Comisión de Gobierno Interior respaldó el proyecto, ya aprobado por el Senado, que permitirá aplazar la entrada en rigor de esta normativa, independiente de las fases previas que se irán aplicando hasta diciembre de 2027. El objetivo es lograr una adecuada implementación de su ordenanza que avanza hacia un cambio fundamental para la administración pública.

En una cita con representantes del organismo, el titular de la Corporación abordó en particular la situación chilena y latinoamericana. En otro ámbito, Raúl Soto firmó un protocolo de acuerdo entre la Cámara de Diputados de Chile y la de Italia, para la cooperación bilateral.

Por medio de una resolución, la Cámara llama al Gobierno a buscar nuevas alternativas de abastecimiento, en el actual contexto de la crisis hídrica que afecta al país.

La cuenta pública, la primera del Presidente Gabriel Boric, se efectuará el 1 de junio, ante el Congreso Pleno. Las sesiones ordinarias de la Sala de la Cámara se desarrollarán el lunes 30 y el martes 31. En este último día también se espera celebrar una sesión especial de carácter temático.

La resolución pide que, de manera excepcional y transitoria, se impida el acceso a los boletines de información comercial por parte de las entidades financieras, en relación con personas y empresas calificadas como de menor tamaño.

Mediante un acuerdo aprobado por la Sala, las y los legisladores manifestaron la preocupación por la opacidad en el gasto público que denota esta práctica.

Las y los diputados de Economía continuaron con las audiencias para evaluar los alcances de la iniciativa que busca eliminar y prohibir el uso de datos relativos a deudas impagas al 30 de abril de 2022.

La resolución, aprobada por la Cámara, sostiene que la pensión garantizada universal generó una suerte de discriminación respecto de víctimas de violaciones de derechos humanos, beneficiarias de pensiones reparatorias.

En la resolución, se insta a entregar mayores montos a través del Indap a este sector del agro, de manera de fomentar su desarrollo y promover un mejor nivel de ingresos y estabilidad económica para estas personas.