En el debate, las y los legisladores expresaron sus diversas posturas sobre el tema. Quienes respaldaron la propuesta defendieron la decisión de las mujeres sobre sus derechos reproductivos. Mientras, que los que rechazaron el texto, manifestaron proteger la vida del que está por nacer.

La iniciativa, apoyada por la Cámara y despachada a segundo trámite, crea nuevos modelos de negocio que facilitarían el acceso al crédito a un mayor porcentaje de la población. Además, crea el Sistema de Finanzas Abiertas, para fomentar la competencia, innovación e inclusión en este mercado.

La instancia legislativa también abordó la situación del no pago del bono de desempeño laboral y renta mínima a los funcionarios de la Junji. Además, escuchó los petitorios frente a la huelga legal que mantiene la Fundación Educacional de El Salvador.

La coordinadora del Observatorio de la Fundación para la Confianza, Sofía Aliaga, explicó ante la comisión investigadora los problemas para acceder a la información de niños, niñas y adolescentes bajo la tutela del Estado.

La Sala respaldó el informe de la comisión mixta al proyecto que impone al personal de las fuerzas policiales el deber de respetar, proteger y garantizar, sin discriminaciones arbitrarias, los derechos humanos. Además, cada institución deberá elaborar e implementar un sistema de auditoría de las declaraciones de patrimonio e intereses.

Si bien el grueso de las normas quedó aprobado, hubo tres materias que no lograron pasar el quórum necesario y que tendrán que resolverse en una comisión compuesta por diputados y senadores. Dichas normas apuntan al control de la tenencia de municiones, una de las medidas de fiscalización y el límite de armas que pueden autorizarse, según la categoría respectiva.

En la resolución se observa que el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género cuenta con programas de atención, protección y reparación integral para mujeres que sufren violencia intrafamiliar, pero no tienen una subvención para el periodo de transición en que algunas se quedan sin apoyo económico.

En la resolución aprobada por la Cámara se resalta que los funcionarios de Salvamento de Extinción de Incendios de la Dirección General de Aeronáutica Civil de Chile ejecutan un trabajo pesado por el evidente desgaste físico que sufren en virtud de sus labores cotidianas.

La instancia concluyó que se evidencia falta de competitividad en el mercado del gas. También, se solicita al fiscal nacional económico que presente un requerimiento al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, por eventual colusión de Gas Licuado del Petróleo. 

Además, se trató una prórroga del estado de excepción en la macrozona sur y una propuesta que da por cumplidas las metas sanitarias y de atención de usuarios por parte de los funcionarios de la salud.