La resolución busca proveer de tratamiento de enfermedades simples o mediana complejidad a personas pertenecientes a zonas extremas o aisladas de nuestro país, especialmente a adultos mayores y niños.

La iniciativa considera que este dispositivo presenta resultados que inclusive conducen hasta la abstinencia pero actualmente su colocación y tratamiento privado bordea los $300.000.

La sesión se realizará a partir de las 17:00 horas. En el proceso se espera consultar al ministro del Interior y Seguridad Pública sobre la necesidad de políticas descentralizadas para responder a la crisis humanitaria, en el contexto migratorio; y respecto de la concreción de medidas para evitar un ambiente social de odio hacia las personas migrantes, entre otros puntos.

La Cámara pidió una institucionalidad que aborde los conflictos entre usuarios, con actores que usan el agua sin reconocimiento, conflictos medioambientales, interjurisdiccionales, etc.

La resolución aprobada señala que es pertinente robustecer el baluarte que significa para las naciones la actividad deportiva en todas sus expresiones, como agente conservador e impulsor de la buena salud de las personas y rehabilitador de diferentes patologías existentes a nivel mundial.

La Cámara respaldó una resolución que pide al Presidente de la República, el envío de un proyecto de ley que modifique la actual legislación tributaria, para permitir donaciones de la sociedad civil a iniciativas de protección medioambiental.

Asimismo, la resolución aprobada por la Cámara propone proveer espacios y ciudades que sean amigables para los adultos mayores, que les permita mejorar su calidad de vida y promover un envejecimiento activo.

Julio Pertuzé se refirió al funcionamiento de la Oficina GPS, dependiente de su ministerio y que fue criticada por ambientalistas. En tanto, el Directo de Impuestos Internos, se refirió a la gestión del organismo ante divulgaciones de información. También asistió la directora regional del Servicio de Evaluación Medioambiental de Coquimbo, Claudia Martínez Guajardo.

La resolución 784 solicita al Ejecutivo que se implementen  medidas que aseguren el acceso a la salud mental, en especial, su promoción y prevención a las y los estudiantes, ya sea básicos, secundarios o de educación superior.

Los legisladores señalan en la resolución que, sería oportuno explorar en la implementación de los contratos ya celebrados con las empresas concesionarias, con el objeto de abaratar los costos que son pagados por los usuarios.