El documento, presentado junto al coordinador general de la instancia, Francisco Álvarez, considera propuestas en materia de control de la pandemia, rehabilitación, salud mental y salud digital, entre otros puntos.

Ante la Comisión de Constitución, autoridades del Ministerio de Justicia presentaron los cambios que se le pretenden aplicar al texto, hoy en segundo trámite en la Cámara. La propuesta tiene como fin enfrentar el impacto que tendrá la crisis sanitaria en los tribunales de justicia, una vez que concluya la vigencia del estado de excepción.

La instancia determinó el cronograma de trabajo que seguirá durante su funcionamiento; la notificación al titular del Mineduc sobre este proceso y la elección de su presidencia, la que recayó en el diputado Juan Fuenzalida (UDI).

La Cámara aprobó el informe de la comisión investigadora sobre descentralización, sindicando a los ministros y subsecretarios del Interior, así como a los subsecretarios de Desarrollo Regional, de las ambigüedades detectadas en la instalación de los cargos.

La iniciativa, que vuelve a la Comisión de Salud, establece que se suspenderán para 2021 los procesos de evaluación asociados al pago de asignaciones y bonificaciones de funcionarios del Sistema Nacional de Servicios de Salud.

La comisión investigadora tuvo su fundamento en el caso del asesinato de Ámbar Cornejo por parte de Hugo Bustamante, quien gozaba de libertad condicional. En sus conclusiones, el grupo parlamentario plantea avanzar hacia una Ley de Ejecución de Penas, con tribunales ad hoc que revisen los eventuales beneficios carcelarios que se puedan entregar.

La pandemia y el proceso constituyente marcaron la labor de las y los legisladores en estos últimos doce meses. El trabajo legislativo abordó las necesidades urgentes de la población, respondiendo con medidas sanitarias y económicas de apoyo ante la crisis que enfrentamos. Estos y otros antecedentes serán expuestos en la próxima Cuenta del Congreso Nacional, este jueves 22.

El cuestionario de preguntas al secretario de Estado fue dirigido por el diputado de Revolución Democrática, Miguel Crispi. Las interrogantes se enmarcaron, principalmente, en el manejo de la pandemia de Covid-19, por parte de la cartera que encabeza la autoridad ministerial.

La instancia, que estará conformada por cinco integrantes, estudiará el libelo acusatorio que aborda temas como el pago de las subvenciones y de beneficios al personal docente, además del retorno a clases.

La iniciativa presentada por el Ejecutivo entrega las competencias a los recién asumidos gobernadores regionales, haciendo notar las diferencias con las atribuciones de los delegados presidenciales.