La implementación de los nuevos cargos de gobernadores regionales y el incremento constante del precio del gas licuado son algunas de las materias que centraron el debate de las comisiones en los últimos días.

Asimismo, en la presente semana se abordaron propuestas en materia de derechos de los consumidores e igualdad salarial, así como para capitalizar a BancoEstado, entre otros temas.

La normativa permitiría destinar a los Cuerpos de Bomberos los dineros de fondos mutuos o fondos de inversión no cobrados luego de su liquidación, con el objeto de contribuir por esta vía con la indispensable función voluntaria que desempeñan de ayuda a la comunidad en incendios y catástrofes.

La iniciativa, aprobada en su idea de legislar por la Comisión de Futuro y Ciencias, busca prohibir la venta y comercialización de todo tipo de dispositivo móvil, cuya funcionalidad haya sido alterada arbitrariamente en su diseño o por medio de actualizaciones posteriores del software, que busquen acelerar el fin de su vida útil, lo que conlleva a su sustitución por productos más recientes.

Mientras el secretario general del organismo dio cuenta de los avances del proceso y funcionamiento de los programas, desde los funcionarios se denunciaron posibles irregularidades en la entidad. El grupo parlamentario, además, retomó el análisis del cierre de la Universidad La Republica y pidió al Ministerio de Educación suspender la medida .

En la resolución se destaca que, pese a que la Ley del Deporte mandata a la creación de estos centros a nivel nacional y regional, a veinte años de la norma se cuenta con solo uno de ellos en la capital.

La idea expuesta en la resolución es facilitar los traslados para la realización de exámenes o tratamientos y evitar situaciones complicadas para el estado de salud de estas personas.

La resolución aprobada insta a que se envié un proyecto de ley para implementar un programa que cuente con financiamiento para terapias y medicamentos.

La resolución respaldada por la Sala de la Cámara señala que las autoridades y candidatos a cargos públicos deben ser los primeros llamados a la promoción y respeto de los Derechos Humanos.

A través de la resolución 1588 se solicita al Ejecutivo que establezca un mecanismo de financiamiento para solventar la deuda de servicios básicos de los usuarios residenciales y micro y pequeñas empresas, que se ha acumulado por causa del Covid-19.