Por medio de una resolución, parlamentarios pidieron al Ejecutivo que en la próxima reunión de los estados miembros de la CPI apoye la incorporación al Estatuto de este organismo internacional el ecocidio o ilícitos o actos sin sentido cometidos con conocimiento de que existe una probabilidad sustancial de daños graves y generalizados o a largo plazo al medioambiente.

La idea planteada en la resolución es que la señal 2 de Televisión Nacional transmita, diaria e íntegramente, las sesiones de la Convención Constitucional, con el fin de garantizar el derecho de acceso a la información pública de la ciudadanía.

La propuesta estudiada por la Comisión de Hacienda busca rebajar en un 50% el impuesto específico a las gasolinas automotrices y petróleo diésel, en caso de y durante la vigencia de un estado de excepción constitucional o alguna calamidad pública que afecte o comprometa gravemente el empleo e ingresos de la ciudadanía.

En la resolución, también se lamenta las pifias e insultos a la interpretación del himno nacional durante la ceremonia de instalación de la Convención Constitucional, solicitando el pronunciamiento de la Defensoría de la Niñez.

Los vicepresidentes Francisco Undurraga y Rodrigo González se reunieron con la presidenta del órgano constituyente, Elisa Loncon, oportunidad en que se mantuvo el compromiso de ir entregando la ayuda necesaria para el desarrollo de la Convención.

La Cámara también abordó temáticas relativas a la imprescriptibilidad de los delitos sexuales y para modernizar trámites ante la Dirección del Trabajo. Asimismo, se aprobaron propuestas sobre alimentación, evaluación docente, para declarar a las ferias libres como Patrimonio Cultural y para priorizar la labor a distancia de trabajadoras/es que deben cuidar menores y personas con discapacidad.

La actualización de las normas para garantizar la igualdad y no discriminación, así como el proceso de descentralización en el que se enmarca el inicio de labores de los gobernadores regionales, fueron parte del trabajo de comisiones durante estos días en la Cámara.

El texto, en trámite en la Comisión de Constitución, busca aplicar una normativa de trazabilidad del producto para fiscalizar desde su origen, transporte, venta y faena, definiendo a la Conaf como organismo encargado.

La norma, despachada ahora al Senado, establece que los docentes tendrán la posibilidad de optar por ser evaluados este año o el 2022. En cuanto a la prueba Simce, se define que se realizará el próximo año.

El texto, enviado a segundo trámite por la Cámara, contempla un amplio marco de normas que definen cuáles son los delitos económicos y atentados en contra del medioambiente; las penas privativas o restrictivas de libertad, junto con otras sanciones aplicables a estas situaciones; y medidas para ampliar la acción penal, entre variadas disposiciones.