Debido a las condiciones climáticas del centro y sur de Chile, la resolución aprobada propone igualar las condiciones en fases 2 y 3 del Plan Paso a Paso, resguardando siempre la ventilación y el aforo de los establecimientos.

El texto busca mejorar las condiciones de empleo y remuneraciones de las y los trabajadores que se desempeñan en servicios externalizados de las municipalidades en la recolección, transporte y disposición final de residuos domiciliarios.

Respecto del tema del impuesto, los representantes del transporte público expresaron su apoyo a la medida, pero plantearon que se aplique de forma permanente y focalizada en el sector legalizado y no como norma general. El SII, en tanto, sostuvo que la reducción podría implicar una menor recaudación fiscal entre 730 mil y 890 mil millones de pesos.

El grupo parlamentario aprobó en general el proyecto, fruto de tres mociones parlamentarias refundidas, que busca suspender estos procesos evaluativos, a causa de la pandemia de coronavirus.

La iniciativa, que ahora será tramitada en el Senado, prohíbe la instalación y funcionamiento de plantas de generación termoeléctrica a carbón en todo el territorio nacional. La norma comenzará a regir a partir del 31 de diciembre de 2025.

El texto, aprobado hoy en particular por la Cámara, establece sanciones penales y altas multas a quienes, sin autorización, extraigan, usurpen o contaminen aguas en el país. Además, propone penas de cárcel de hasta 15 años si se ocasiona daño en el medio ambiente o se pone en riesgo la salud de la población.

La propuesta impulsada por el Ejecutivo busca atraer a estudiantes de buen rendimiento académico y no disminuir la matrícula para los nuevos profesores. Las nuevas exigencias rigen desde el año 2026.

El texto, despachado al Senado, amplía los organismos que deben operar bajo este sistema, así como los actos sometidos a sus reglas. Al mismo tiempo, perfecciona el sistema de compra y, por medio de indicaciones promovidas por las y los diputados, se promueve garantizar la igualdad de los oferentes, la desconcentración y la participación de las mipymes en las contrataciones.

La medida llama al gobierno a enviar un proyecto de ley que otorgue un bono de 2 millones de pesos a los docentes afectados por el cambio de régimen en el sistema de educación, para que puedan enfrentar la crisis causada por el Covid-19.

La propuesta legal establece, durante la ejecución de un proyecto, obra o faena, la obligación de las empresas contratistas y/o subcontratistas de informar mensualmente el estado de cumplimiento de los pagos suscritos con las Mipymes.